Las principales amenazas de lavado de activos en el sector pesquero son la extracción y el procesamiento ilegal de pescado | Foto: Andre Baertschi
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Por Carmen Heck
Directora de Políticas de Oceana Perú
En los últimos meses hemos visto una serie de noticias sobre actividades ilícitas que ponen en riesgo nuestros recursos marinos y los esfuerzos de las autoridades competentes para hacerles frente.
La pesca es una de las actividades económicas de mayor importancia para la generación de divisas y fomento del empleo. En la actualidad, la pesca ilegal genera pérdidas al Estado que ascienden a 1200 millones de soles anuales de acuerdo con la FAO. Por otro lado, el tráfico ilegal de especies acuáticas en nuestro país involucra a especies consideradas como amenazadas o cuyo comercio está restringido o prohibido.
Actualmente, se ha presentado un proyecto de ley (PL 3200/2018-CR) para modificar la ley contra el crimen organizado, con el objetivo de ampliar sus alcances a los delitos de tráfico ilegal y depredación de especies flora y fauna silvestre. Este sería un cambio positivo, sin embargo, las especies acuáticas no han sido incluidas en esta propuesta.
Algunas de las especies acuáticas amenazadas se encuentran incluidas en los Apéndices I y II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Como los tiburones zorros (Alopias spp.), tiburones martillo (Sphyrna lewini, S. mokarran y S. zygaena), tiburón marrajo sardinero (Lamna nasus), los caballitos de mar (Hippocampus spp.), los peces sierra (Pristidae spp.), el paiche (Arapaima gigas), entre otros.
A pesar de ello, existen indicios de que estarían siendo objeto de tráfico ilegal en el comercio internacional. SUNAT ha realizado intervenciones a embarques de aletas de tiburones de procedencia sospechosa en los últimos meses, lo que incluyó un cargamento récord de 25 toneladas de aletas valorizadas en US$630 000. Estas intervenciones son parte de una mega operación para combatir a presuntas organizaciones dedicadas a la extracción y el tráfico de especies acuáticas en peligro de extinción.
Incluso, los primeros días de noviembre de 2018, se incautó un cargamento de aletas de tiburón marrajo sardinero (Lamna nasus), especie que no ocurre naturalmente en aguas peruanas, y que iban a ser enviadas a Hong Kong.
Las investigaciones que se están realizando por parte de Aduanas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría del Ministerio de Medio Ambiente (MINAM) darían cuenta de una organización criminal de alcance internacional detrás del tráfico de estas especies hidrobiológicas, la que de acuerdo a Ojo Público involucraría a “proveedores de especies marinas en Ecuador, empresas importadoras de fachada y compañías exportadoras Perú que se encargan de despachar los recursos a Hong Kong”.
Por su parte, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es, después del tráfico de drogas y el comercio ilegal de madera, una de las actividades criminales trasnacionales más lucrativas del mundo.
La ilegalidad en la pesca también se presta a esquemas de crimen organizado, ya que abarca diversas fases de la cadena productiva, desde la extracción con embarcaciones carentes de permisos, o con permisos obtenidos de forma irregular, hasta el procesamiento en plantas ilegales, pasando por los desembarques no autorizados.
Un claro ejemplo es el procesamiento ilegal de harina de pescado utilizando como insumo recursos provenientes de la flota artesanal y de menor escala, dedicada a la captura de anchoveta para el Consumo Humano Directo (CHD).
De acuerdo a un reciente reporte publicado por Oceana, existen 62 centros de producción presuntamente involucrados en el procesamiento ilegal de harina de pescado. Si bien no se puede precisar con exactitud cuánta harina de pescado ilegal se produce en el Perú, se estima que cada año se desvían 150 mil toneladas de anchoveta.
Debe considerarse también la conexión existente entre pesca ilegal y lavado de activos. De acuerdo a la SBS, las principales amenazas de lavado de activos en el sector pesquero son la extracción y el procesamiento ilegal de pescado, ya que la gran rentabilidad es un gran incentivo. Asimismo, la SBS señala que los fondos ilícitos resultado de la comercialización de los recursos hidrobiológicos y productos derivados son susceptibles de ser “blanqueados”.
Finalmente, la evaluación realizada por la SBS identifica entre las consecuencias asociadas a las amenazas de lavado de activos la “propagación del crimen organizado e incremento de la violencia”, señalando que “existen casos de mafias dedicadas al crimen organizado que incluyen dentro del conjunto de actividades ilícitas que desarrollan algunas ligadas al sector”.
Es necesario empoderar al Ministerio Público en la lucha contra el tráfico ilegal de especies acuáticas y la pesca ilegal y, una de las medidas a tener en cuenta es incorporar estos delitos en la Ley contra el Crimen Organizado.
Con esta medida se otorgaría al Estado herramientas legales más efectivas – como el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, inhabilitación de funcionarios públicos implicados en la organización criminal, y la cooperación o asistencia internacional – para frenar a uno de los cuatro comercios ilegales más lucrativos del mundo.
Sobre la autora
Abogada especializada en derecho pesquero, ambiental y de recursos naturales. Amplia experiencia en propuestas de políticas públicas para la sostenibilidad de recursos naturales. Ha sido directora del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
