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La Contraloría General de la República detectó perjuicio económico por más de S/.9 millones en 22 municipalidades de Lima y Callao durante un operativo en el que se auditó selectivamente adquisiciones de bienes y servicios.
Entre las municipalidades donde se registró un mayor perjuicio económico se encuentran La Perla, Surco, Rímac, Breña, Carmen de la Legua, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Carabayllo y Lurín.
Los delitos penales identificados fueron negociación incompatible, peculado, falsificación de documentos y colusión de funcionarios, agrega la Contraloría al señalar que la auditoría abarcó a un conjunto de 40 municipios.
Las irregularidades detectadas con mayor frecuencia son el favorecimiento a postores durante las evaluaciones técnicas, pagos por servicios no realizados, suministro de combustible en mayores cantidades a las establecidas en el contrato, deficiencias en la elaboración de las bases, recepción de bienes con características menores a las ofrecidas, entre otras.
Según indicó la Contraloría a Andina, el caso más grave se registró en La Perla, donde siete funcionarios habrían ocasionado un perjuicio económico por más de S/.2 millones 500 mil al haber presuntamente favorecido indebidamente al contratista y falsificado documentos para sustentar la prestación del servicio de riego de áreas verdes y compra de insumos agrícolas.
En Surco, se detectó que seis funcionarios, entre el periodo 2009 y 2010, habrían favorecido indebidamente a un contratista en el proceso de contratación y ejecución del servicio de mantenimiento de áreas verdes, ocasionando un perjuicio económico mayor a S/. 2 millones.
En tanto, en el Rímac cinco funcionarios estarían involucrados en presuntos pagos irregulares por S/. 950 mil a un proveedor por servicios de sistematización del catastro urbano, sin embargo, el servicio nunca fue brindado.
En Breña, se habrían pagado S/.692 mil por servicios inexistentes y habrían utilizado documentación falsa para estos propósitos. Once funcionarios fueron denunciados penalmente por presuntos delitos de peculado y falsificación de documentos.
En el caso de Carmen de la Legua, 12 funcionarios se habrían apropiado de S/. 479 mil que les fueron entregados bajo la modalidad de encargos para la adquisición de servicios, además habrían pagado S/. 99 mil por servicios inexistentes.
La Contraloría añade que ha implementado un nuevo modelo de control gubernamental, el cual utiliza técnicas modernas de análisis de riesgo. Se está procediendo a identificar a las municipalidades que serán priorizadas en el Plan Anual de Control del año 2014.