La ministra española de Sanidad defendió la urgencia de utilizar la fórmula del decreto ley, que dejó sin asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y que ahora queda parcialmente derogada. (Foto: Twitter/@sanidadgob)
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El Congreso español dio hoy luz verde al decreto de universalización de la sanidad, que devuelve la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares en las mismas condiciones que los españoles sin que tengan necesidad de justificar su residencia.
Los grupos parlamentarios, salvo el conservador Partido Popular (PP, centroderecha), que votó en contra, y los liberales de Ciudadanos, que se abstuvieron, apoyaron la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno español el pasado 27 de julio, así como su tramitación como ley, lo que permitirá incorporar las aportaciones de los partidos.
La ministra española de Sanidad, Carmen Montón, defendió en el Congreso la urgencia para utilizar la fórmula del decreto ley, la misma que usó el anterior Gobierno del PP, encabezado por Mariano Rajoy, en su reforma de 2012, que dejó sin asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares y que ahora queda parcialmente derogada.
La norma, según Montón, representa un “auténtico” cambio de modelo en la asistencia sanitaria en España, ya que la titularidad del derecho a la salud se desliga de la condición de asegurado o beneficiario.
Según la nueva norma, tienen derecho a la atención sanitaria las personas con nacionalidad española y las extranjeras que residan en España.
Además, son titulares del derecho a la salud los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en España, aunque para estos se establecen una serie de criterios para evitar el uso inapropiado de este derecho.
Así, para personas extranjeras que no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de los gobiernos regionales, que son los que en España atienden la sanidad.
Además, el gasto no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
Con la nueva norma, el Gobierno español asegura que atiende las demandas de organismos internacionales como la Unión Europea, Naciones Unidas o la Organización Mundial de la Salud, así como de sociedades científicas y organizaciones sociales.
Según Médicos del Mundo, 4.755 personas quedaron excluidas en España del Sistema Nacional de Salud desde 2012.
Fuente: EFE
