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De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, el Congreso debe aprobar los gastos del gobierno y si las Cámara de Representantes y el Senado no se ponen de acuerdo, el gobierno no tiene autoridad legal para gastar y puede constituir delito hacerlo.
Así, unos 800.000 empleados del total de 2,1 millones de trabajadores del gobierno federal podrían tener que quedarse en casa, pero los 1,4 millones de personal de alta en el ejército continuarán activos, aunque sus salarios se retrasen.
Una porción de los empleados del gobierno son considerados esenciales y podrán continuar trabajando normalmente mientras dure el cierre, aunque no se sabe cuándo se les pagará por ese tiempo laborado.
La NASA va a suspender a casi todo su personal, mientras los controladores aéreos, las cortes y el personal de Seguridad Interior continuarán en funciones.
El reparto de correo continuará sin problemas puesto que el Servicio Postal de Estados Unidos no trabaja con dinero proveniente de los impuestos, pero los parques nacionales y los museos del sistema Smithsonian van a cerrar.
El sistema de verificación de empleados –con el que se revisa el estado legal migratorio de los empleados—podría cerrar, pero los impuestos hay que seguirlos pagando.
Nadie sabe cuándo terminará este cierre parcial. El promedio de duración ha sido de menos de tres días y el cierre más largo fue entre el 16 de diciembre de 1995 hasta el 5 de enero de 1996 –es decir 21 días— bajo el gobierno de Bill Clinton.
Un dato curioso más, el salario del presidente y el de los miembros del Congreso es intocable. (Voz de América )