Las licencias técnica y mecánica del bus habían vencido. (Foto: @ELTIEMPO)
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Las familias de los 31 niños que murieron en el incendio de un bus en la localidad de Fundación, en Colombia, demandarán al Estado por el delito omisión de funciones, informó la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, adelantó que ese organismo asesorará a los deudos en este caso para establecer qué instituciones públicas “no cumplieron con sus labores” de control a los vehículos de transporte público.
La tragedia ocurrida el domingo 18 en el departamento caribeño de Magdalena dejó 31 menores muertos, la mayoría de ellos de entre cuatro y ocho años de edad, así como 20 heridos. Una irregularidad detectada es que solo viajaban dos adultos entre menores que requerían mayor cuidado.
ENLACE: Incendio en bus deja al menos 30 niños muertos en Colombia
Los niños regresaban de una actividad religiosa cuando el autobús, que llevaba 52 pasajeros, número muy superior a su capacidad, se incendió y fue consumido por las llamas antes de que los niños lograran salir. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresó su pesar por el accidente.
“Se presentarán las demandas contra el Estado para que se indemnice a las familias. Lamentablemente, estamos llorando con esos padres de familia esos hechos que enlutan a todos los colombianos”, manifestó el defensor del Pueblo colombiano.
El conductor del vehículo, Jaime Gutiérrez Ospina, y Salvador Ibarra, miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, encargado de contratar el vehículo, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio y lesiones personales.
Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el autobús incendiado no estaba habilitado para circular desde 2012 porque no estaba al día en sus licencias técnica y mecánica. Las autoridades creen que la tragedia fue causada por el conductor al colocar gasolina en el carburador para facilitar el encendido del motor.
