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La procuradora contra el lavado de activos y pérdida de dominio, Julia Príncipe, denunció que fiscalía de Huaraz ha paralizado desde hace un año sus investigaciones contra el suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez.
La autoridad se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva luego de que la fiscalía lo acusara de homicidio calificado y asociación ilícita en relación al asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco.
Según relató la abogada del Estado a El Comercio, las irregularidades comenzaron en junio de 2013, cuando el fiscal de Huaraz Hernán Quispe declaró improcedente una queja que presentó su despacho luego de que este ente mandara al archivo su trabajo, la tercera ocasión en que esto pasa.
Quispe indicó que este recurso fue presentado de manera extemporánea, cuestión que Príncipe niega.
“Nosotros, ni bien nos enteramos, le remitimos al fiscal toda la investigación que acredita que sí presentamos la queja dentro del plazo de ley; sin embargo, no obtuvimos respuesta de su parte”, indicó, señalando que la autoridad debió responder en un plazo de tres días.
Príncipe recordó que “hasta en tres oportunidades la fiscalía ha archivado nuestra investigación”, que se remonta a junio de 2010. Indicó que la indagación fue iniciada por el Frente de Defensa del Pueblo de Huaraz y, desde entonces, la procuraduría identificó a una red e de testaferros con 56 miembros, entre las que se cuentan familiares y consejeros regionales cercanos a Álvarez.
Julia Príncipe indicó que en septiembre de 2013 remitió dos oficios al entonces fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, pero que no obtuvo respuesta. En comunicación con el diario, el extitular del Ministerio Público no recordó específicamente el caso, pero dijo que seguramente le remitió una comunicación al fiscal superior competente de Huaraz.
Consideró que es irregular que la queja no haya sido resuelta en los plazos de ley y que “la Fiscalía de Control Interno debería abrir una investigación cuanto antes”.
La procuradora Julia Príncipe reveló que Daniel Ramsay Romero, exasesor de José Peláez Bardales, es socio del empresario Rodolfo Orellana Rengifo, presunto miembro de la red de corrupción.
Peláez negó tal relación indicando que Ramsay ya no estaba vinculado con Orellana cuando empezó a trabajar con ella.
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