(Foto: Facebook de César Álvarez)
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El presidente regional de Áncash, César Álvarez, se entregó a la justicia esta tarde a las 5:25 pm. El político es acusado de ser el autor mediato del asesinato del exconsejero regional Ezequiel Nolasco y haber sido el cerebro de una red de corrupción en su jurisdicción.
“Confío en Dios en que se haga justicia”, gritó el funcionario mientras era llevado por agentes de la policía a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).
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Previamente, la fiscalía ordenó que Álvarez y otras 29 personas sean detenidas mientras continúan las pesquisas sobre una presunta organización criminal en la región norteña. El cuestionado político es acusado de los delitos de asociación ilícita para delinquir y homicidio calificado y se le considera la cabeza de una red de corrupción financiada con fondos públicos.
Esta tarde también se entregó el gerente general del Gobierno Regional de Áncash, Hernán Molina Trujillo. El funcionario es una de las 29 personas con orden de captura por las investigaciones del asesinato del exconsjero Ezequiel Nolasco y la presunta red de corrupción.
El funcionario –cuya solicitud de hábeas corpus por el caso ‘La Centralita’ fue aceptado– dijo que recién se enteró de la orden de captura en su contra el jueves a través de los medios de comunicación. “Me presentaré inmediatamente, cuando termine mis recursos (judiciales) para seguir el proceso, estoy aquí, a derecho”, añadió.
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El fiscal contra el crimen organizado Jorge Chávez explicó que Álvarez debe presentarse a la sede de la Dirincri donde permanecerá detenido mientras se avancen las pesquisas en su contra. “Luego se envía un atestado a la fiscalía y se decide si formular o no la denuncia penal”, precisó.
En otro momento, Álvarez reiteró que no estuvo involucrado en el atentado de Nolasco, quien fue asesinado este año a balazos en Huacho. La policía detuvo el jueves a Christian Cruzate, de 23 años, quien sería el sicario que mató al político y dirigente sindical.
Horas después, la hija de Ezequiel Nolasco, Fiorella, dijo que “no puede confiar en la justicia” hasta que el funcionario se encuentre tras las rejas.
