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La investigación de la fiscalía sobre ‘La Centralita’, el local que habría sido utilizado para espionaje telefónico contra los enemigos políticos del presidente regional de Áncash, César Álvarez, contiene hoy siete nombres, pero la Procuraduría Anticorrupción considera que los involucrados son al menos 27. ¿Quiénes figuran entre los presuntos cómplices?
Además de Álvarez, los incluidos en esta causa son:
- Nelson Vásquez Baca
- Sandro Renilla Horna
- Juan Espinoza Linares
- Rosa Olivares de la Cruz
- Jorge Burgos Guanilo
- Juan Carlos Barrios Ávalos
El proceso que lleva el Ministerio Público recoge denuncias por asociación ilícita y peculado, pero la procuraduría recogió indicios que dan cuenta de que también se cometieron otros delitos como cohecho, encubrimiento personal y violencia contra la autoridad, informó El Comercio.
ENLACE: Heriberto Benítez, ¿cuál es su relación con el presidente regional de Áncash, César Álvarez?
Ello ha llevado a la institución a considerar que en la región Áncash existió una organización criminal que estaría encabezada por el cuestionado presidente regional, quien aseguró que no será candidato a la reelección, y por congresistas, periodistas y policías y otras autoridades locales.
El procurador Christian Salas pidió específicamente incluir en las pesquisas –entre otros personajes– a los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, al abogado Rodolfo Orellana y el empresario Martín Belaunde Lossio. El funcionario incluso que los involucrados en esta presunta red son más de los 27 estimados.
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“En la medida que se reúnan más indicios, se podrá pedir que también sean incluidas (más personas) en la investigación”, sostuvo Salas. La hipótesis de la procuraduría sostiene que en 2009 se formó una organización criminal con el fin de cobrar dinero a cambio de concesión de obras públicas.
Una parte de los fondos públicos –según esta versión– se utilizaron para comprar los servicios de periodistas, así como para sobornar a fiscales, policías y jueces. De ese modo, la red habría buscado librarse de las denuncias y obstruir las investigaciones contra quienes formaban parte de la organización.
De acuerdo a lo expresado por la Procuraduría Anticorrupción, el alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, habría actuado como nexo para contactar a sicarios encargados de asesinar a enemigos políticos de Álvarez, como por ejemplo al exconsejero regional Ezequiel Nolasco.
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