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Más de 100 personas y 24 empresas que estarían vinculadas con la presunta organización criminal que encabeza el detenido presidente del gobierno regional de Áncash, César Álvarez, están bajo sospecha de la Procuraduría Anticorrupción.
El procurador anticorrupción Christian Salas precisó que de todos los sospechosos hay cerca de 16 que habrían participado en el caso ‘La Centralita’, por el que solo hay siete investigados por la fiscalía. La procuraduría ha solicitado al Ministerio Público que incluya a los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo, y al empresario Martín Belaunde Lossio en las pesquisas.
El abogado del Estado manifestó que la tesis que tiene su oficina es que “estamos ante una organización criminal en la cual estaría involucrado el presidente del gobierno regional”.
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“Mi oficina tiene un promedio de 100 personas y 25 empresas bajo indagación. Toda esa información la pude recolectar cuando estuve en la provincia de Santa con un equipo especial. Son indagaciones propias de mi oficina. Estamos en eso desde hace varias semanas. Hay varios hechos que podrían destaparse, pero mientras no encuentre indicios razonables que me permitan sustentar una imputación, no puedo lanzar nombres ni precisar las conductas delictivas”, declaró a El Comercio.
Salas explicó que ‘La Centralita’ no era un centro de chuponeo, sino “un lugar donde se editaba información, audios y videos para ensalzar la gestión de Álvarez y atacar a sus opositores”. La declaración de un testigo clave indica que el abogado Rodolfo Orellana era el encargado de remitir esa información al local, según dijo.
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El mismo testigo afirma que el empresario Martín Belaunde Lossio habría prestado el nombre de su empresa Ilíos Producciones para encubrir lo que realmente se hacía en ese local.
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