Dilma Rousseff es la presidenta de Brasil (Foto: EFE)

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El abogado del Estado brasileño, José Eduardo Cardozo, descalificó las acusaciones contra la presidenta, Dilma Rousseff, en las que se apoyó la Fiscalía para solicitar una investigación contra la mandataria por asuntos vinculados a las corruptelas en Petrobras.

La Fiscalía confirmó hoy que ha pedido a la Corte Suprema que se investigue a Rousseff, pero según dijo Cardozo las acusaciones que sustentan esa acción son “livianas y mentirosas”.

La solicitud se basa en sospechas de que Rousseff, junto a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva y al propio Cardozo, intentó obstruir la acción de la justicia en las investigaciones sobre la red de corrupción que operó en la petrolera.

El abogado del Estado brasileño afirmó en una nota de prensa que las denuncias del senador Delcidio de Amaral, exjefe del oficialismo en el Senado y quien implicó a Rousseff y a Lula en el escándalo de Petrobras, son “absolutamente livianas y mentirosas”.

También aseguró que la ocasional apertura de un proceso solo demostrará “que el senador faltó de nuevo a la verdad” y lamentó que el pedido de la Fiscalía “haya sido objeto de filtraciones antes de que se haya llevado a cabo cualquier investigación en relación a las mentiras contenidas en la delación premiada del senador”.

Amaral fue uno de los principales dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y el pasado noviembre pasó a ser el primer senador en la historia de Brasil arrestado en pleno ejercicio de su mandato, acusado de beneficiarse de los desvíos en Petrobras.

El senador implicó a Rousseff y a Lula en la corrupción de la petrolera al acusarlos de autorizar operaciones ilegales en la estatal, chantajear a testigos de las corruptelas y presionar a jueces de la Corte Suprema, denuncias que forman parte de un acuerdo de colaboración que hizo con la Justicia.

Por su parte, Cardozo actúa también como defensor de Rousseff en los trámites que pueden llevar a un juicio político destituyente que el Congreso pudiera iniciar por irregularidades fiscales cometidas durante los años 2014 y 2015.

El trámite para un posible juicio contra Rousseff está en su fase final y hoy el senador Antonio Anastasia, instructor de una comisión en la Cámara Alta que analiza el caso, presentará un informe en el que sugerirá archivar la causa o trasladarla al pleno de la cámara.

Si el caso llega al pleno del Senado, este tendrá que decidir la próxima semana si se abre el propio juicio político, lo que obligaría a Dilma Rousseff a separarse del cargo durante 180 días que puede durar el proceso, en los que sería sustituida por el vicepresidente, Michel Temer.

Temer, adversario confeso de la mandataria, terminaría el mandato que acaba el 1 de enero de 2019 si Rousseff finalmente pierde el cargo.

(Fuente: EFE)

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