De manera oficial, César Álvarez solo es dueño de su vivienda ubicada en el segundo piso de la casa de su suegro (Foto: Andina)

De manera oficial, César Álvarez solo es dueño de su vivienda ubicada en el segundo piso de la casa de su suegro (Foto: Andina)

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De manera oficial, el presidente regional de Áncash, César Álvarez, no tiene bienes ni propiedades, salvo su vivienda levantada en el segundo piso de la casa de su suegro. Sin embargo, hay evidencias y sospechas de que tiene adquisiciones a nombre de sus colaboradores y otras personas cercanas.

El Ministerio Público y la Procuraduría Anticorrupción investigan a varias personas vinculadas a Álvarez, entre estas a Rosa Alicia Olivares de la Cruz, una periodista que hasta hace dos años conducía un programa de televisión en Chimbote desde el que arremetía contra los críticos y adversarios del presidente regional. Por su estilo agresivo, llegó a ser denunciada y condenada por difamación e injuria.

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Hoy está alejada del periodismo y se dedica a la administración de dos canteras a su nombre en el distrito de Samanco, en la provincia del Santa. ¿Cómo las consiguió? Según informó El Comercio, Flavio Pérez Villacorta le transfirió las canteras Flapevi, de 60 hectáreas, y Flapevi I, de 100 hectáreas, por escritura pública del 9 de marzo de 2011.

Olivares solo pagó S/.4.000 por cada cantera, cuando el valor de estas alcanza el medio millón de nuevos soles. De acuerdo a los registros de la Sunarp, también es propietaria de un camión Volvo de 10 ruedas de placa A7E900.

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Fuentes de la fiscalía y la procuraduría consultadas por el diario indican que también tendría otras propiedades como las embarcaciones pesqueras artesanales Rey David, con matrícula HO-04489-CM, y David, con matrícula HO-04663-CM. Ambas están a nombre de Juan Cortez Bravo y Rafaella López Pineda, personas muy humildes que no pueden justificar el alto costo de las naves: US$ 1 millón.

Además, se sostiene que la periodista sería propietaria de una fábrica conservera ubicada en el pueblo joven Villa María, en Chimbote. Uno de los lotes donde funciona la planta está registrado a nombre de Príncipe Carvallo, pareja de Ivonne Pereyra, la hija de Rosa Alicia Olivares. El yerno también es titular de un lote en el sector San Pedro y de un departamento en la Residencial El Gol, en el sector Buenos Aires, en el Santa.

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El procurador anticorrupción Christian Salas indicó que están corroborando si estas personas han prestado su nombre al presidente regional de Áncash para comprar inmuebles y otros bienes. Si no hay una justificación patrimonial, estaríamos ante un caso de lavado de activos. El funcionario informó que la periodista también está comprendida en la investigación por el caso ‘La Centralita’.

“Rosa Olivares tendrá que explicar el patrimonio que se le habría detectado y el origen de esos fondos”, anotó, por su parte, el congresista Modesto Julca.

El Comercio intentó comunicarse con Olivares de la Cruz, pero no logró ubicarla.

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Periodistas comandos
Según uno de los colaboradores eficaces de la Fiscalía Anticorrupción, cuya identidad se mantiene en reserva para garantizar su seguridad, Olivares de la Cruz es una de las cinco “periodistas comandos” de César Álvarez. Estos habrían recibido dinero a cambio de atacar a los opositores del presidente regional. Los otros implicados son Nelson Vásquez Baca, Wilbuld Renilla Horn, Juan Espinoza Linares y Luis Villaverde.

“La labor de los citados periodistas era atacar a personas que se oponían a la gestión (…) Por dicha labor recibían un pago y ello era establecido considerando el horario y la sintonía. En el caso de Vásquez, Renilla, Olivares y Espinoza les pagaban S/.5.000 mensuales; a Luis Villaverde le daban S/.2.000 y al ayudante de Espinoza, Max Milla, otros S/.2.000. Recuerdo haber entregado sobres con dinero a Renilla y Villaverde”, aseguró el individuo identificado con el código CE-001-2014.

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El colaborador empezó a dar su testimonio el 14 de abril pasado ante el titular de la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima, Daniel Cerna, pero el interrogatorio lo terminó el fiscal del Santa, Laureano Añanca, quien está a cargo de la reapetura del caso ‘La Centralita’.

Añanca ya fue fiscal en este proceso en el año 2013 y esa vez ordenó que se archivara, pese a no recoger la versión de los periodistas acusados. Testigos del interrogatorio a CE-001-2014, indicaron que este no cree en la palabra del fiscal.

“A este angelito ya lo conozco (…) Si algo me pasa, ya sé quién será el responsable”, habría manifestado.