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Con un semblante demacrado, el expresidente Alberto Fujimori llegó esta mañana a la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, donde afrontó la primera audiencia oral por la compra de la línea editorial de diarios ‘chicha’ en la campaña electoral de 2000.
El exmandatario, quien llevaba un equipo para que le midan la presión, se retiró de la sala por unos minutos para recibir atención médica. Tras su retorno, la sesión fue suspendida y reprogramada para el 28 de octubre, debido a su estado de salud “no óptimo”.
La defensa de Fujimori, William Castillo, se dirigió brevemente a las magistradas para sustentar su pedido de que el caso sea visto por la Corte Suprema. “El delito de peculado, es un delito de función, en estos casos debe ser una sala de la Corte Suprema la que inicie el juicio. Vemos que de manera escandalosa se ha errado en el trámite procesal”, manifestó.
El Ministerio Público pidió para Fujimori una pena de ocho años de prisión y el pago de US$1 millón por reparación civil, debido al presunto desvío de S/.122 millones con el fin de atacar a sus rivales políticos desde los periódicos sensacionalistas.
El abogado del condenado a 25 años de cárcel por delitos contra los derechos humanos había pedido la inhibición o remoción de las juezas Aissa Mendoza, Antonia Saquicuray y Avigaíl Colquiconcha, integrantes de la sala que ve el caso.
Actualización: 1:10 pm
Tras suspenderse la audiencia, el procurador anticorrupción Julio Arbizu opinó que el defensor de Alberto Fujimori, William Castillo, “muestra un desconocimiento de las normas” al solicitar que el proceso sea llevado en una sala suprema por el cargo que ocupó su defendido.
“Cualquier estudiante que lee la Constitución sabe que el período para que los funcionarios de alto nivel sean juzgados por una sala suprema es de cinco años. Eso revela en el abogado un profundo desconocimiento de la norma”, subrayó.
Arbizu recalcó que se dará prioridad a cuidar la salud del proceso en caso de que vuelva a solicitarse el aplazamiento de otra sesión. De otro lado, adelantó que la procuraduría insistirá en el pedido de S/.244 millones como reparación civil, a diferencia de los S/.3 millones solicitados por la fiscalía.
“Esta es una pretensión que tiene que ver con las derechos afectados de cada uno de nosotros, nosotros hemos sustentado que ha habido un daño además del patrimonial: un daño extrapatrimonial que debe ser valorado por la sala, vamos a permanecer en ese argumento”, acotó.
