Venezuela instala Comisión de la Verdad para investigar hechos violentos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instaló hoy la Comisión por la Verdad para investigar los hechos violentos de los últimos años, un día después de que el máximo tribunal declarara inconstitucional la ley que iba a exonerar a los opositores acusados de la responsabilidad de esos hechos.

La comisión se juramentó hoy con la participación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero con la ausencia de los opositores que señalaron la iniciativa como una medida del ejecutivo para “lavarse la cara” tras el veto de la ley de amnistía.

La comisión estará acompañada por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), informó el secretario general de Unasur, el colombiano Ernesto Samper, que llegó hoy a Caracas para sumarse a la instalación de la iniciativa presidencial.

Los opositores agrupados en la plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD) indicaron que no se sumaron hoy a la Comisión de la Verdad instalada por el Ejecutivo porque no fueron invitados, en contra de lo que había indicado Maduro.

Maduro había asegurado ayer, cuando informó por televisión de la instalación de la comisión, que una delegación de cuatro opositores había aceptado integrarse a la iniciativa.

El jefe de la fracción parlamentaria de la MUD, Julio Borges, indicó hoy a los periodistas que su colectividad se enteró “por televisión de esta Comisión de la Verdad que propuso el Ejecutivo”, lo que, dijo, le parece “que no tiene ningún tipo de seriedad”.

La Unasur les convocó al llegar al país pero decidieron no asistir por desconocer la agenda de la comisión, explicó Borges, que no descartó que los opositores se incorporen más adelante a la iniciativa del Ejecutivo.

“El no asistir no significa que no tengamos como firme propósito lograr que en Venezuela haya un cambio, pero con una agenda concreta”, explicó.

La MUD, afirmó, solicitó una reunión para esta tarde con Unasur, específicamente con su secretario general, Ernesto Samper, para que “explique de qué se trata este llamamiento que hace el Gobierno”.

A su juicio, llama la atención que la convocatoria se haya hecho “justo el día en el que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anula la ley de amnistía” que había sido aprobada por la Cámara para poner en libertad a varios opositores presos.

Por su parte, Maduro, que dijo lamentar la ausencia de los opositores, aseguró que hizo la propuesta a la oposición el día de la presentación de su balance de gestión anual ante el Parlamento, el 17 de enero, “mucho antes que se aprobara” la ley de amnistía.

La comisión fue propuesta por Maduro en esa ocasión como un pedido para que el Parlamento pusiera freno al proyecto de amnistía para opositores presos por distintos delitos, norma que, sin embargo, fue aprobada por la mayoría de diputados opositores aunque no llegó a materializarse.

Según el jefe de Estado, en esa ocasión la oposición manifestó su deseo de participar y “designaron cuatro voceros” que no asistieron hoy por, presumió, “grandes presiones de la Embajada de EE.UU.”.

“Hoy las cuatro sillas que estaban destinadas para que se sentaran, para recibir de manera respetuosa a cuatro miembros de la oposición, han quedado vacías (…) el día que se decidan, aquí está mi mano una vez más”, afirmó el presidente.

En la misma jornada el Parlamento venezolano rechazó la sentencia de inconstitucionalidad que dejó inaplicable la ley de amnistía aprobada el pasado 30 de marzo con el voto de los opositores y que no llegó a ser promulgada por el rechazo del jefe de Estado a la norma.

Con el voto de los opositores, que controlan 109 de los 163 escaños, se aprobó un acuerdo que condena “las actuaciones de los magistrados del TSJ en su afán de darle la espalda al pueblo venezolano y contravenir la voluntad popular”, según el escrito leído en el pleno.

El diputado opositor Freddy Guevara, que dirige el partido Voluntad Popular, fundado por Leopoldo López, uno de los políticos encarcelados, se refirió al máximo tribunal como “un asco, un TSJ que no está lleno de magistrados sino de unas personas que se han decidido arrastrar al partido del Gobierno”.

Para el opositor, el veto a la iniciativa legislativa es “ponerse de espalda” a los venezolanos, ya que la ley de amnistía forma parte de las promesas de campaña que hicieron los opositores para las parlamentarias en las que arrasaron con la mayoría de los puestos.

En respuesta a la sentencia, el opositor llamó a “una gran movilización nacional para avanzar en una escalada que permita la activación de la salida constitucional a este Gobierno, y la restitución al del sistema político democrático” que se celebrará el próximo 19 de abril.

EFE

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— La Prensa (@laprensaperu) 12 de abril de 2016

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