Foto referencial. (Cortesía Wikimedia)
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Venezuela comparecerá por primera vez en diez años ante el Comité contra la tortura de las Naciones Unidas, que examinará si el país cumple con los dictados de la Convención contra la Tortura. Esta comparecencia y la posterior evaluación no podría haber llegado en mejor momento, puesto que, durante las protestas convocadas en el país los pasados meses, se detectaron evidencias de uso excesivo de la fuerza a manos de los agentes de seguridad, hecho que derivó en denuncias de docenas de manifestantes, acusando a las autoridades de tortura y malos tratos.
Medidas insuficientes
Dichas denuncias contrastan con la Ley Especial de Prevención y Castigo de la Tortura aprobada por Venezuela hace menos de un año. Además de esta, en los últimos años se aprobaron también otras medidas destinadas a combatir la tortura, actualmente prohibida por la ley, y a reformar los cuerpos de policía. Sin embargo, según el informe presentado por Amnistía internacional, Venezuela aún está lejos de cumplir con sus obligaciones.
“Es una seria llamada de atención para Venezuela. Las evidencias recogidas por Amnistía Internacional y otras organizaciones ofrecen una triste imagen de la violencia y los abusos cometidos sobre los manifestantes en los últimos meses, pero también revelan un serio problema que existe desde hace años”, aclara Nuria García, investigadora de la organización dedicada a Venezuela.
Además de Amnistía Internacional, en el informe se presentan pruebas recogidas por organizaciones civiles como, entre otras, FUNPAZ, Foro por la Vida, Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central, Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Las pruebas aportadas por dichas organizaciones firmantes incluyen evidencias de malos tratos y tortura a manos de los agentes de seguridad cometidas durante la pasada década. “En la mayoría de los casos, ni los responsables comparecieron ante la justicia ni la víctimas recibieron compensación por los daños recibidos”, dice el informe. En especial, en la petición se destacan violaciones de derechos de presos, la fallida implementación de la Ley del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia y el ataque a grupos vulnerables como refugiados, homosexuales o indígenas.
Declaración de intenciones
Con la comparecencia, entre el 6 y el 7 de noviembre, Venezuela tendrá la oportunidad de enviar un claro mensaje de rechazo a la tortura y el maltrato, además de posicionarse a favor de tomar las medidas necesarias para ello. Según el informe de Amnistía, las alegaciones recibidas durante los últimos años indican claramente que será necesaria una reforma a fondo de los cuerpos de seguridad para cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Igualmente, el Gobierno de Caracas tendrá que garantizar la salvaguarda del derecho a la integridad física y moral, sobre todo en el caso de presos en condiciones inhumanas, además de garantizar el cumplimiento de las medidas y la asistencia de controles externos. Las organizaciones firmantes de la petición también invitan a Venezuela a permitir la presencia de un enviado de Naciones Unidas y a ratificar el Protocolo de la Convención contra la Tortura. En cuanto la lucha contra la impunidad, tendrá que reconocer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actuaría como organismo supranacional para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y reparación de los daños causados.
(Fuente: Deutsche Welle )
