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El intento de golpe de Estado del 15 de julio supuso un antes y un después para Turquía. Su Gobierno responde con dureza a los golpistas, pero los expertos creen improbable el restablecimiento de la pena de muerte.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no se cansa. Desde hace semanas, la “pena de muerte” es un tema recurrente en sus declaraciones tanto en los medios de comunicación turcos como en los internacionales. Y siempre con la misma cantinela: si el pueblo lo deseara, si el Parlamento ratificara la ley, entonces el firmaría, como presidente de Turquía, la ley de restablecimiento de la pena de muerte.
Kristian Brakel, coordinador de la Fundación Heinrich Böll (cercana a Los Verdes alemanes) en Estambul, dijo a DW que “Erdogan es un maestro del populismo. Sabe captar bien el estado de ánimo de la población”, añade el experto. De hecho hubo gente en el país que, tras el intento de golpe de Estado, pedía la pena de muerte, pero solo se trataba de “turbas vociferaciones”.
INTERACCIÓN ENTRE EL PRESIDENTE Y SUS SEGUIDORES
Konda es uno de los institutos más prestigiosos de sondeos de opinión en Turquía. Según el estudio más reciente de dicha institución, sobre todo los más conservadores, religiosamente hablando, apoyan a su presidente. Cuando se trata de exigir una pena más grave para los golpistas, sus seguidores y el presidente se retroalimentan: “Si el presidente dice que el restablecimiento de la pena de muerte es el deseo del pueblo, tiene más bien que ver con los temas que él y otros políticos quieren trasladar a la población“, opina el experto.
Las Naciones Unidas en Ginebra observan con preocupación la retórica política del país. “Turquía abolió la pena de muerte en 2004. No se aplicó durante 34 años. Su restablecimiento sería lamentable y supondría un gran retroceso para el desarrollo de todo el país”, dijo Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
LAS ADVERTENCIAS DE LA UE
Shamdasani, sin embargo, advierte de que no hay planes concretos para restablecer la pena de muerte. Se encontraría con muchos obstáculos en el camino, porque tanto en la legislación germana como en la turca es válido el principio de prohibición de retroactividad. Es decir que no se puede imponer otra sanción, sino la que estaba estipulada en el momento de cometerse el delito.
“Por lo pronto, el Gobierno turco necesitaría una mayoría cualificda para realizar un enmienda constitucional”, para poder salirse con la suya, de acuerdo al experto alemán. Hasta ahora solo el Partido de Acción Nacionalista (MHP) estaría dispuesto a apoyar al Gobierno. Según Brakel, no bastarían los votos de los partidos AKP y MHP para lograr la mayoría necesaria en este caso.
Shamdasani, de Naciones Unidas, no se anda con rodeos y explica que “Turquía ratificó el segundo protocolo facultativo sobre derechos civiles y políticos en 2006. En él se establece la abolición de la pena de muerte”. En caso de que Turquía planease la reinstauración de la pena de muerte, estaría “atentando claramente contra el Derecho Internacional”.
También la Unión Europea critica duramente las intenciones en Ankara, la capital turca. Brakel cree que las advertencias de Bruselas podrían ser decisivas: “El precio que tendría que pagar Turquía sería demasiado alto. Se acabarían las negociaciones sobre su adhesión a la UE y además perjudicaría económicamente al país”, según el experto.
A Erdogan no parecen interesarle las cuestiones jurídicas u obligaciones a escala internacional. Ante millones de seguidores y un mar de banderas comunicó recientemente que acataría sus obligaciones como presidente, en caso de que el pueblo así se lo encomendara.
(Fuente: Deutsche Welle)
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