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Grupos de activistas se movilizaron en Tailandia para que las autoridades rechacen las patentes de cannabis para uso médico de empresas extranjeras, mientras que el país se prepara para su legalización en los próximos meses.
Una treintena de activistas se manifestaron ante la sede del Gobierno en Bangkok después de que varias empresas como la japonesa Otsuka, la luxemburguesa Euro Celtique y la belga Solvay presentaran una docena de solicitudes de patentes en Tailandia.
El pasado 13 de noviembre, el Gobierno tailandés aprobó una reforma para legalizar el uso medicinal del cannabis, medida que aún tiene que ser aprobada en el Parlamento, lo que está previsto que ocurra en los próximos meses.
El Ministerio de Comercio ha rechazado hasta el momento tres de las 12 solicitudes, ya que la ley prohíbe que se patenten organismos naturales o plantas, pero los activistas temen que las multinacionales consigan la forma de introducir alguna patente.
“En contra de las patentes; el beneficio para los tailandeses”, decía una de las pancartas de los activistas de diferentes grupos a favor de la legalización del uso médico de la marihuana como Bio Thai y FTA Watch.
Kannikar Kijtiwatchakul, vicepresidenta de Bio Thai, indicó a Efe que las patentes del cannabis o sus componentes son ilegales según el artículo 9 de la Ley de Patentes tailandesa.
Además, aseguró que la introducción de alguna patente puede poner en peligro la investigación del uso médico del cannabis en Tailandia, al tiempo que exigió al Gobierno que cumpla la ley y no dé luz verde a ninguna solicitud de este tipo.
En caso de que se legalice finalmente, Tailandia se convertirá en el primer país del Sudeste Asiático en hacerlo, y se unirá a países como Canadá, Israel, Perú o Uruguay.
En algunos países como Colombia, no se permite las patentes del cannabis o sus componentes, excepto si un extracto ha sido manipulado a nivel molecular, mientras que los medicamentos derivados de esta planta sí pueden patentarse en algunos casos.
Tailandia ilegalizó la marihuana en 1935 y actualmente se castiga con hasta cinco años de cárcel la posesión o transporte de hasta diez kilos, mientras que con cantidades superiores las penas ascienden hasta quince años de prisión.
Fuente: EFE
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