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Un 81 por ciento de los filipinos siente una mayor sensación de seguridad en las calles desde el inicio de la controvertida “guerra contra las drogas” del presidente, Rodrigo Duterte , según una encuesta publicada hoy.
Un 56 por ciento de los encuestados aseguró estar “de acuerdo” y un 25 por ciento “muy de acuerdo” con la afirmación de que “el barrio es ahora menos peligroso que el año pasado debido a la campaña contra las drogas ilegales”, según el sondeo de la consultora local Pulse Asia.
Solo un 4 por ciento dijo estar “en desacuerdo”, y un 0,2 por ciento, “muy en desacuerdo”, mientras el resto expresó neutralidad respecto a la polémica campaña que ha dejado más de 7.000 muertos en todo el país desde su comienzo, el 30 de junio de 2016, cuando fue investido Duterte.
La encuesta fue realizada en diciembre, en pleno auge de la “guerra contra las drogas”, antes de que esta fuera suspendida durante un mes en febrero.
El director de la Policía de Manila, Oscar Albayalde, celebró el resultado del sondeo y aprovechó para afirmar que las autoridades continuarán con su “misión de erradicar las drogas ilegales y otras actividades ilegales” en la capital de Filipinas .
Por su parte, la Policía Nacional presentó hoy estadísticas que muestran una notable reducción del número de delitos bajo el mandato de Rodrigo Duterte.
Desde el 1 de julio de 2016 hasta el pasado 24 de marzo, el número de delitos – asesinatos, homicidios, robos, secuestros y lesiones – fue de 78.941, por debajo de los 158.879 registrados en el mismo período del año anterior, según datos presentados por el jefe de la Policía Nacional, Ronald dela Rosa.
Rodrigo Duterte ha recibido duras críticas los pasados meses, en especial de ONG y organismos internacionales, por conceder impunidad a los asesinatos de supuestos traficantes y toxicómanos bajo la premisa de acabar con las drogas y el crimen en el país a toda costa.
Aunque Amnistía Internacional (AI) le acusa de llevar a cabo una “guerra contra los pobres”, Duterte conserva una alta popularidad en Filipinas, especialmente entre las clases bajas, según muestran las encuestas publicadas hasta el momento.
De los más de 7.000 muertos de la controvertida campaña, según datos oficiales, más de 2.500 fueron a manos de policías por supuestamente resistirse a la detención y el resto se atribuye a patrullas vecinales y a crímenes en el mundo de la droga.
Pese a los datos oficiales, el jefe de la Policía Nacional dijo hoy que solo 1.398 muertes se pueden atribuir con total seguridad a asuntos relacionados con drogas, y añadió que la mayoría de los casos están bajo investigación o cerrados sin hallar las causas.
La nueva etapa de la guerra antidroga, iniciada a principios de marzo tras la suspensión temporal, busca ser “menos sangrienta, si no carente de sangre por completo”, aseguró Dela Rosa.
(Fuente: EFE)
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