(Foto: Andina)
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Las autoridades peruanas destruyeron más de veinte campamentos de mineros ilegales en la provincia de Ayabaca, situada en la región de Piura, fronteriza con Ecuador, informó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un comunicado.
La operación “Piura II-2015” estuvo encabezada por cinco fiscales ambientales y contó con la participación de 200 policías y dos helicópteros de las Fuerza Aérea de Perú (FAP), que sobrevolaron las zonas durante las diligencias.
También estuvieron presentes procuradores del Ministerio del Interior y policías especializados de la Dirección Nacional de Trata de Personas, así como un grupo multisectorial de atención de urgencia de víctimas de ese delito.
La intervención se realizó en los centros poblados de Caña Brava, Cabuyal y Zuro 1, en el distrito de Sapillica, y en los de Pampa Larga, Chivatos, Alvarado, y Las Lomas, en el distrito de Suyo.
Los campamentos mineros destruidos se ubicaban en las cuencas hidrográficas que desembocan en la represa de San Lorenzo, principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y actividades agrícolas para 50.000 hectáreas de cultivos en los valles cercanos.
En la operación también se destruyeron aparatos como motores, molinos de bola, grupos electrógenos, mangueras, combustible, explosivos, compresoras de aire y taladros, equipos básicos para la extracción artesanal de oro, además de químicos como cianuro y mercurio.
El alto comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la PCM, Antonio Fernández, indicó que el último operativo es el tercero se realiza en lo que va de año.
“La destrucción de estos campamentos es un duro golpe a las mafias dedicadas a esta ilícita actividad que genera daños irreparables al medioambiente, perjudica la salud de las personas, además de promover el crecimiento de delitos conexos como la trata de personas, narcotráfico y contrabando, entre otros”, añadió.
La PCM señaló que los estudios indican que Piura produce anualmente más de 850.000 onzas de oro, extraídas ilegalmente mediante la utilización de cianuro y mercurio, lo que para el Estado supone una pérdida anual de 185 millones de dólares, sin considerar el impuesto a la renta.
(Fuente: EFE)
