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Los programas de protección social y los de desarrollo agrícola en el Perú están funcionando bien por separado, al tener objetivos distintos, explicó hoy a Efe el investigador Steve Wiggins.
El experto del Overseas Development Institute (ODI), un centro de estudios del Reino Unido especializado en asuntos de desarrollo, ha participado en un estudio sobre el Perú que acaba de ser difundido por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
A partir de un trabajo de campo con comunidades locales de la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac (sur), Wiggins destacó que los programas sociales y los enfocados al desarrollo rural se centran en grupos de personas y agendas diferentes.
Así, el programa de transferencias condicionadas Juntos, que obliga a las familias a llevar a sus hijos a la escuela y al centro de salud a cambio de una ayuda económica, apoya a las personas más vulnerables para que salgan de la pobreza.
Por el contrario, otras iniciativas como la de Haku Wiñay (mi chacra emprendedora) están dirigidas a los pequeños agricultores, propietarios de hasta cinco hectáreas de tierra, quienes “no son los más pobres de la comunidad”, precisó.
Concretamente, el proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai invirtió el año pasado 164 millones de soles (48,8 millones de dólares) para atender a casi 40.000 hogares en tareas como el riego por aspersión, el cultivo de granos y huertos familiares, o la producción de abonos orgánicos.
POR SEPARADO
A juicio del experto, resulta más difícil atender las necesidades cambiantes de los productores que planificar Juntos, una actividad “sencilla” que cuenta con un presupuesto y personal determinados (actualmente se financia con unos 150 millones de soles anuales – 44,7 millones de dólares – y atiende a 1,7 millones de personas).
“El trabajo agropecuario es mucho menos programable, debe estar mucho más dispuesto a adaptarse a las condiciones naturales y las capacidades de los productores”, señaló Wiggins, quien puso de ejemplo práctico la distribución de semillas mejoradas de quinoa, sujeta a la llegada de las lluvias.
El especialista, que dijo haber visto progresos en la situación económica de las comunidades de la sierra sur peruana, consideró que, “aunque hay voluntad por compartir y coordinar hasta cierto punto esos programas, en realidad son bastante diferentes y lo más conveniente es que la gente de la agricultura haga su trabajo por un lado y la que implementa Juntos actúe por el otro”.
De acuerdo al estudio, el aumento de la inversión pública en las zonas rurales desde 2004 ha llevado a una reducción significativa de la pobreza, que sigue concentrándose en las zonas andinas, particularmente en el sur.
En 2014 el 22,7 % de la población peruana (casi 7 millones de personas) se encontraba en situación de pobreza, mientras que en las zonas rurales el porcentaje fue del 46 %, según datos oficiales.
(Fuente: EFE)
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