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En el Encuentro Nacional por el Agua (Yaku 2017) representantes de 18 regiones del Perú debatieron las problemáticas del recurso, agobiado por la minería, el cambio climático y la privatización. Del diálogo surgieron ideas de acciones para defender el medio ambiente.
El foro, celebrado entre el 5 y 7 de julio en Lima, culminó con una declaración que, por la cercanía y conocimiento de las voces, es de valor fundamental para una nación entre sequías y lluvias torrenciales; la tercera más vulnerable a las alteraciones del clima.
Provenientes de comunidades, organizaciones sociales, frentes de defensa, instituciones y colectivos, los participantes, entre ellos jóvenes y adolescentes, compartieron sus luchas y plantearon soluciones para proteger el medio ambiente y toda fuente de agua: glaciares, páramos, lagunas altoandinas, acuíferos, bosques amazónicos.
“Expresamos y sentimos la necesidad de decirle al país que el agua no sale del caño, sino que hay que mirar río arriba (…) La gestión del agua ahora es injusta, inequitativa y beneficia a los grandes grupos económicos. Criticamos al Estado por seguir otorgando concesiones mineras, de hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales que ponen en peligro el suministro y la calidad del agua. El Estado debe cumplir con sancionar a los que contaminan y destruyen las fuentes de agua”, manifiestan.
“Muchas de las discusiones han girado en torno a la necesidad del cuidado de nuestras cuencas y principalmente de las cabeceras, hoy en peligro permanente por proyectos extractivos y de trasvases, principalmente para la agroexportación. Todo ello pone en riesgo el agua que se utiliza para la agricultura de subsistencia, así como para el agua potable de las ciudades”, añade el documento.
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UN DERECHO HUMANO Y BIEN COMÚN
Las ciudadanas y los ciudadanos firmantes ven como las mayores amenazas el impacto del cambio climático, el retroceso de los glaciares y los efectos de actividades extractivas, ya sea en el sector de la minería, agroexportación, hidrocarburos o las hidroeléctricas. El derecho a la consulta previa de las comunidades campesinas y pueblos indígenas se remarcó.
“El Estado nos sigue ignorando; no nos consultan ni toman en cuenta las demandas de las poblaciones y persisten en el modelo depredador que afecta los derechos de las poblaciones y la naturaleza. No somos los pueblos los que buscamos estar en conflicto, sino la imposición de proyectos económicos y modos de vida que no nos deja otra opción que reaccionar”, continúan.
“Es importante reconocer el rol fundamental jugado por las mujeres en estas luchas en cada uno de los rincones del país, dado que no solo disputan con el gran poder empresarial que destruye sus ríos y tierras, sino que tienen que estar batallando por ganar un espacio de representación dentro de sus propias organizaciones”, subrayan.
Que el agua es un derecho humano y un bien común que debe ser defendido es un principio de un encuentro urgente para el Perú y que reclama su visita a otras ciudades. Su gestión comunal y colectiva, y el respeto a los saberes locales, un necesario enfoque.
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La declaración culmina con una propuesta de plan de acción al interior de las organizaciones y de cara al Estado. Puedes leerla competa dando clic AQUÍ.
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