Imagen referencial. (Foto: Andina)
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Un grupo de organismos no gubernamentales acusó este miércoles al Gobierno de tener un manejo autoritario de los conflictos sociales al aprobar leyes que “afectan las regulaciones ambientales” y calificar las protestas contra proyectos mineros como “terrorismo antiminero”.
Las ONG ambientalistas CooperAcción, Fedepaz y Grufides presentaron este miércoles el 16 reporte Observatorio de Conflictos Mineros (OCM), referido al primer semestre de 2015, que señala que entre noviembre de 2014 a abril de 2015 hubo 208 conflictos y alerta de que “la intensidad de los enfrentamientos aumentó en el último semestre”.
“Los nuevos marcos legislativos aprobados por el gobierno son autoritarios al afectar la institucionalidad social, ambiental y no permitir a la población participar en temas mineros”, señaló el OCM.
El informe también llamó la atención ante la aprobación de la ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible que, según señaló, “preocupa a organizaciones campesinas e indígenas por el posible impacto en su territorio”.
El OCM agregó que el Gobierno también “se encarga de demoler la honra de los protestantes al denominarlos terroristas antimineros”.
El informe identificó un “cambio en la geografía” de los conflictos mineros en el país, con una claro incremento en el sur, que reúne las regiones de Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Puno, Tacna e Ica.
Según datos tomados de la Defensoría del Pueblo, la llamada “macro región sur” concentra el 65,5 % de la inversión minera y un 36 % de los conflictos mineros del país.
Sobre el conflicto minero ocasionado por el proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México, en la provincia sureña de Islay, el informe destacó la dificultad del diálogo entre el Gobierno y los pobladores.
“El hecho de que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) este aprobado con casi la totalidad de vistos buenos y autorizaciones, es un mensaje claro de que para el Gobierno el proyecto va y no hay vuelta atrás”, remarcó.
Las ONG consideraron que la “falta de lectura por parte del gobierno y sus intervenciones a destiempo” son el ejemplo general de su dificultad para la resolución de conflictos sociales.
(Fuente: EFE)
