Enrique Peña Nieto. (Foto: Getty Images)

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La presentación de su cuarto informe supuso el broche para un año de Gobierno en que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sintió el peso de los “asuntos no resueltos” que le provocaron una caída de popularidad sin perspectivas visibles de mejora, coincidieron expertos consultados por Efe.

Casos como el de la desaparición de los estudiantes Ayotzinapa o la muerte de 22 personas en Tlatlaya en 2014 “los ha ido arrastrando” y lo seguirá haciendo mientras “no haya una respuesta clara”, afirmó Ivonne Acuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

Durante el cuarto año de su sexenio (2012-2018), el presidente pudo ver cómo a su lista de asuntos pendientes se sumaron otros dos temas que han comprometido al Gobierno aun más en el terreno de los derechos humanos.

Son el de las supuestas 22 ejecuciones arbitrarias en un operativo de fuerzas federales en Tanhuato (Michoacán) y la muerte de ocho personas en el desalojo de una protesta magisterial en Nochixtlán (Oaxaca).

Este último caso, además, está enmarcado en otro de los quebraderos de cabeza del Gobierno de este año, el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el que se ha visto un “error de manejo político, de cabildeo”, consideró la académica.

Los maestros, que permanecen en huelga desde mayo, han adoptado una postura que, si bien es “inflexible” – piden la derogación de la reforma educativa de 2013 -, es resultado de que cuando el Gobierno abre una puerta para negociar “es nada más hacer tiempo sin que realmente pase nada”, valoró.

La popularidad de Enrique Peña Nieto cayó este año a mínimos históricos, y según una encuesta publicada por el diario Reforma el mes pasado, únicamente 23 % de los ciudadanos aprueba su trabajo.

Además de las polémicas que sacudieron al Ejecutivo, a nivel personal el presidente se convirtió en meses recientes en carne de cañón en las redes sociales por las denuncias de que plagió su tesis de licenciatura y de que la primera dama usa un departamento en Miami que es propiedad de un contratista potencial del Gobierno.

La tendencia hacia la impopularidad, consideró Acuña, no tiene perspectivas de revertirse, sobre todo teniendo en cuenta las fuertes críticas que provocó la sorpresiva visita del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, un día antes de la presentación del cuarto informe.

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Enrique Peña Nieto y Donald Trump. (Foto: Getty Images)

El hecho de que el Gobierno invitara a Donald Trump – quien ha prometido construir un “gran muro” entre México y Estados Unidos – promueve la impresión de que el presidente “no está recibiendo el mensaje de la opinión pública”, de una población “harta” de que no solo no se resuelven los grandes problemas del país, sino que se agravan, dijo la académica.

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Uno de estos problemas, la inseguridad, también registró un repunte en los últimos meses. De hecho, julio quedó como el mes con más homicidios dolosos en el país (1.842) desde el inicio del mandato de Enrique Peña Nieto en 2012.

El informe atribuyó el aumento de la criminalidad fundamentalmente a las autoridades locales, aunque también señaló que en 2015 los delitos de mayor impacto registraron niveles inferiores a los alcanzados en el último año de la administración anterior, encabezada por Felipe Calderón (2006-2012).

“La política de seguridad se les ha salido de las manos, no ha sido eficaz; ha sido una estrategia muy parecida a la de Calderón con resultados muy parecidos”, indicó a Efe José Antonio Crespo, experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Aunque el Ejecutivo presume de haber “neutralizado” a la gran mayoría de los objetivos prioritarios de los grupos criminales, el investigador resaltó que la estrategia gubernamental – “más policíaca que de combate a la corrupción” – puede resultar incluso “contraproducente” y desembocar en niveles más altos de violencia.

“Mucho me temo que lo único que vamos a ver estos dos años es más de lo mismo”, declaró.

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y la implementación en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio fueron destacados en el informe como “dos logros institucionales realmente trascendentes”.

Menos entusiastas, los expertos valoran estas iniciativas como positivas en principio, pero advierten que falta tiempo para comprobar si realmente van a ser motores de cambio.

“En México tenemos grandes legislaciones, leyes casi perfectas, pero el gran problema es que no se aplican”, recordó Acuña, y añadió que si llega a funcionar correctamente, el SNA podría convertirse en un “punto a favor” en la gestión de Peña Nieto.

Fuente: EFE