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La cancillería de México aseguró hoy que la deportación de los mexicanos Maribel Trujillo y Juan Manuel Montes violan las normas en la materia de Estados Unidos, por lo que evalúa recurrir a “las instancias jurisdiccionales”.
Estos casos “representan una violación a las normas expresas de deportación en aquel país, ya que ninguno de los connacionales representaba un riesgo para la seguridad” del país, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Además, “ninguno de ellos cuenta con antecedentes de carácter criminal”, destacó la cancillería en un comunicado en el que aseguró que ha dado “puntual seguimiento a la detención y proceso de deportación” de estos dos ciudadanos de México.
“Se ha fortalecido el diálogo con las autoridades estadounidenses y se evalúa la posibilidad de recurrir a las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el fin de hacer valer el Estado de Derecho”, apuntó.
Trujillo, madre de cuatro menores estadounidenses, es sostén de su familia y desde 2002 ha trabajado y contribuido a su comunidad en Estados Unidos.
Fue detenida en su hogar en Fairfield (Ohio, EE.UU.) y deportada el miércoles, día en que fue recibida en el aeropuerto de la Ciudad de México por representantes de la cancillería y del Instituto Nacional de Migración, que conversó con ella sobre su caso, y se verificó su estado de salud.
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Los consulados en Indianápolis y Nueva Orleans estuvieron en contacto con Trujillo y sus abogados durante el periodo de detención y el proceso de deportación, para garantizar el respeto de sus derechos y que la repatriación se efectuara de manera segura y ordenada, detalló la SRE.
En el caso de Montes, beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el consulado en Calexico le ofreció asistencia al joven y a sus familiares.
Además, pidió a la Patrulla Fronteriza y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza “una investigación exhaustiva” para establecer si su deportación a México, que se dio el pasado febrero, se apegó a la norma vigente y al Arreglo Local de Repatriación, firmado entre autoridades mexicanas y estadounidenses.
La cancillería indicó que dará seguimiento a la demanda presentada por organizaciones de defensa de los derechos civiles, en la que se piden detalles sobre la deportación de Montes, y “estará atenta a los requerimientos de ayuda que se generen en su caso”.
El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, expresó su preocupación por estas deportaciones y confió en que puedan ser revertidas.
En el caso de Trujillo, destacó que su familia está en condiciones “muy vulnerables” y que si bien incurrió en “la infracción de cruzar la frontera como indocumentada”, no “ha cometido ningún otro tipo de delito”.
“Es un caso claro pues de división de una familia”, dijo a Radio Fórmula al considerar “preocupante” la discreción que tienen los agentes de migración a la hora de ejecutar la ley, “pues es muy amplia”.
El subsecretario también dijo estar preocupado por el reciente anuncio del fiscal general Jeff Sessions de una nueva directiva que “criminaliza aún más la migración indocumentada”.
La nueva directiva exige a las autoridades detener y procesar como criminal a cualquier inmigrante que trate de volver a entrar a EE.UU. tras haber sido deportado. Desde Madrid, donde realiza una visita oficial, el canciller de México, Luis Videgaray, advirtió hoy a Estados Unidos que el Estado de derecho debe prevalecer ante los casos de deportaciones que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses.
“Ninguno de los dos casos representan ninguna amenaza, no tienen antecedentes criminales (…)”, señaló Videgaray, quien explicó que el Gobierno mexicano agotará “todas las instancias” para que estos casos se resuelvan.
Fuente: EFE
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