Alonso Segura. (Foto: PCM / Flickr)
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El Ministerio de Economía y Finanzas, Alonso Segura, salió al frente de las críticas lanzadas por parte del alcalde de Lima, Luis Castañeda, tras el diferendo entre las sus instituciones por la reforma del transporte.
Alonso Segura aseveró que “hubo todo tipo comunicación con el alcalde” respecto a la decisión del MEF de declarar nulos los contratos de concesión de los corredores complementarios (Tacna – Garcilaso – Arequipa y Javier Prado – La Marina – Faucett, entre otros).
“Sin embargo, es difícil hablar con alguien que no tiene un conocimiento absoluto de la normativa y de los procesos, y cree que las cosas se resuelven presionando en los medios de comunicación”, manifestó Segura en entrevista con El Comercio.
De acuerdo a Alonso Segura, “en todos los procesos, se tiene que emitir una opinión del MEF antes de adjudicar la licitación”. “No se puede alterar ese orden (…) si hoy no nos envían los contratos para una opinión previa, jamás nos enteramos de su contenido. No sabemos por qué razón la Municipalidad de Lima decidió seguir con las licitaciones inválidas y tirarnos los buses por delante”, agregó el ministro de Economía.
¿CORREDORES AUTOSOSTENIBLES?
El Ministerio de Economía tiene “indicios de que (los corredores) no son autosostenibles”.
“El alcalde Castañeda ha declarado públicamente – y léanlo entre líneas – que la comuna está resolviendo los problemas técnicos de los corredores a través de un contrato directo con los consorcios. Han señalado errores en las fórmulas polinómicas para el cobro al usuario, entre otras cosas. Todo esto le podría costar al Estado un gasto en el futuro”, manifestó.
¿Y LO AVANZADO EN LA REFORMA DEL TRANSPORTE?
Segura sostuvo también que ninguna licitación volverá a foja cera, solo a retrocederá hasta el punto en el que supuestamente se incumplió la ley.
“Los corredores seguirán operando, pero los funcionarios edilicios tendrán que asumir la responsabilidad que acarrea seguir una licitación inválida”.
El ministro indicó que será la Contraloría General de la República la que defina estas responsabilidades.
“Es claro que todos queremos una reforma (del transporte), pero de acuerdo a ley, sin esqueletos en el clóset y sin atropellar el orden jurídico”, remarcó.
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