Amazonía: tenencia indígena de bosques, impulso para economía y medio ambiente

La tenencia indígena de los bosques puede ayudar a reducir la deforestación en la Amazonía y las emisiones de carbono, además de ofrecer beneficios económicos para los países en Sudamérica, de acuerdo a un estudio de medio ambiente presentado en la Tercera Cumbre Regional de la Amazonía que se desarrolla en Lima.

El documento afirma que los beneficios totales estimados de asegurar las tierras indígenas en Brasil van de 523.000 a 1.165.000 millones de dólares en los próximos 20 años, teniendo en cuenta los beneficios globales del carbono y la conservación del ecosistema.

Entre esos aportes se consideran al agua limpia, la conservación de los suelos, la polinización, la biodiversidad, el cuidado del medio ambiente, el control de las inundaciones y las tarifas de las actividades recreativas y turísticas.

En el caso de Bolivia las ganancias varían entre 54.000 y 119.000 millones de dólares, y en Colombia de 123.000 a 277.000 millones de dólares en los próximos 20 años.

El estudio Beneficios para el clima, costos de tenencia: argumentos económicos para asegurar los derechos de las tierras indígenas fue elaborado por la economista Helen Ding, de World Resources Institute (WRI).

Los datos reunidos en el estudio económico y de medio ambiente añaden que, al asegurar los derechos sobre la tierra, se protege los bosques pues las tasas de deforestación anual media en los bosques indígenas con tenencia fueron entre dos y tres veces más bajas que en aquellos sin tenencia en Bolivia, Brasil y Colombia entre 2000 y 2012.

Ding sostiene que “asegurar el derecho a la tierra para las comunidades indígenas del Amazonas verdaderamente tendrá un impacto global”, que a nivel local significaría “agua limpia, la reducción de la contaminación, ingresos por ecoturismo y productos forestales entre muchos” en armonía con el medio ambiente.

En cuanto a la mitigación del carbono global, “se pueden obtener miles de millones de dólares frenando la deforestación y la captura de carbono en los bosques indígenas”.

Iliana Monterroso, representante del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), sostuvo que el Perú ha sido un país pionero en el reconocimiento de derechos colectivos a sus comunidades indígenas en la Amazonía, pero que cerca de un millar de comunidades aún esperan ser tituladas.

De acuerdo a CIFOR, más de 11 millones de hectáreas han sido reconocidas a cerca de 2.000 comunidades indígenas en el Perú, lo que representa el 20% de bosques en el país.

Uno de los principales problemas es la ausencia de datos oficiales porque en Loreto, la región con el mayor número de comunidades nativas, menos del 30% de comunidades están inscritas en registros públicos y cerca del 90% no tienen límites definidos.

De otro lado, los Estados también se enfrentan a la situación de los nativos no contactados en regiones alejadas de la Amazonía, como el sureste del Perú y el oeste de Bolivia.

El representante de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, Adolfo Chávez, manifestó a Efe que “no se está tomando en cuenta hacer un levantamiento de alto nivel para proteger a los hermanos no contactados”, que se encuentran en el departamento de La Paz, en la frontera con el Perú, entre el río Heat e Iturralde.

Chávez afirmó contar con reportes de brigadas de trabajadores en la zona que han visto a los nativos no contactados haciendo bulla para evitar que se acerquen al área que habitan.

“Ellos se encuentran en un gran peligro”, pero “estos temas están dejados de lado por un Gobierno que tiene el rótulo de indígena”, afirmó en referencia al mandatario boliviano, Evo Morales.

A la cita, organizada por la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), asisten representantes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa, Surinam, Perú, Venezuela, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y Guatemala.

También reúne a miembros del Banco Mundial (BM) y de organismos de financiación de Estados Unidos y el Reino Unido (USAID y DFID, respectivamente), así como a funcionarios e integrantes de la sociedad civil de los países amazónicos.

Fuente: EFE