Los asesinatos a luchadores por el medio ambiente quedan impunes en ambos países. (Foto referencial: Getty Images)
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Amnistía Internacional (AI) pidió voluntad política a Honduras y Guatemala para legitimar la labor de los defensores del medio ambiente y garantizar su protección.
La directora de AI para las Américas, Erika Guevara-Rosas, señaló Efe que se pueden implementar medidas “efectivas”, pero sin iniciativas poco se conseguirá para frenar la violencia contra activistas.
“Tienen que haber cambios estructurales en las políticas publicas, tiene que empezar por una voluntad de las autoridades al más alto nivel de reconocer el importante rol que tienen los defensores y defensoras de la Tierra y el medio ambiente en la protección de los derechos de todos”, subrayó.
La experta en derechos humanos enfatizó que los Estados tienen “la obligación de protegerlos” e “investigar” los ataques que sufren los defensores del medio ambiente.
Asimismo, anotó, de hacer que las empresas nacionales y trasnacionales respondan “ante posibles abusos en la ejecución de proyectos de desarrollo” que afectan ecosistemas en comunidades rurales o indígenas.
Guevara-Rosas expresó, además, su preocupación por la impunidad de los asesinatos de estos actores en Honduras y Guatemala, donde en 2015 murieron violentamente 18 activistas.
“La impunidad no es sólo una consecuencia de estos atroces crímenes, también es una causa, es decir, la impunidad ha logrado un circulo vicioso que no tiene fin. No ven justicia, las investigaciones son parcializadas para beneficiar los intereses económicos”, advirtió.
En la víspera, en Tegucigalpa, se presentó el informe Defendemos la Tierra con nuestra sangre, que expone la violenta situación de los activistas en ambos países.
EL CASO BERTA CÁCERES
Un ejemplo el asesinato a tiros en su casa, en marzo, de Berta Cáceres, la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH). Pese a la detención de cinco sospechosos, los esfuerzos del Gobierno hondureño “siguen siendo insuficientes, no se atacan de manera estructural las causas y las razones del asesinato” de la líder indígena, quien tenía medidas cautelares a su favor ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2015.
El Estigma y la criminalización que sufren los protectores del medio ambiente es el resultado de “la falta de atención de los Estados y las autoridades, que de alguna manera alimentan estas campañas”, añadió.
En 2015 se creó la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia en Honduras, pero es solo un “esfuerzo retórico”.
“Crear un contexto favorable en que las personas defensoras desarrollen sus actividades sin temor a sufrir represalias es parte de los compromisos asumidos por los Estados”, recalcó.
La investigadora Ariadna Tovar indicó que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a muchos activistas no son atendidas por los Gobiernos.
En Guatemala, refirió, la autoridades realizan “una campaña de estigmatización muy fuerte” contra los defensores, quienes son llamados “terroristas y aliados del narcotráfico” y a los que hostigan con procesos judiciales.
