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El descubrimiento de 139 fosas comunes con restos de inmigrantes y 28 campamentos en donde los refugiados eran retenidos por los traficantes en Malasia, ha generado gran consternación en el sudeste de Asia.

“No sabemos aún cuántos cuerpos hay allí. El trabajo de exhumación comienza hoy. Desconocemos la identidad de las víctimas y sin son (de la minoría musulmana) rohingya o bangladesíes”, señaló a la prensa el inspector general Khalid Abu Bakar.

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Las fosas fueron encontradas en el pueblo de Wang Kalian, cerca de Padang Besar, en el estado de Perlis, unos 420 kilómetros al norte de Kuala Lumpur.

El ministro del Interior, Ahmad Zahid Hamidi, explicó que los cuerpos están apilados de a dos o tres en cada tumba y que los campamentos existen desde hace al menos cinco años.

“Estoy profundamente preocupado por las fosas halladas en suelo malasio al parecer conectadas con el tráfico de personas. Encontraremos a los responsables”, precisó el primer ministro malasio, Najib Razak.

El descubrimiento hace sospechar que los traficantes podrían haber asesinado o dejado morir a cientos de refugiados. Supervivientes y personas que no llegaron a embarcar relataron que fueron atraídos por los traficantes que les prometían un buen trabajo en Malasia tras una travesía en barco.

Pero en vez de ello, muchos eran llevados a campamentos de detención y encerrados hasta que sus ya de por sí empobrecidas familias pagaban un rescate a cambio de su liberación.

Las autoridades de Tailandia descubrieron también numerosas fosas a finales de abril, en las que había decenas de muertos que se cree eran rohingya, una minoría perseguida en Myanmar, y bagladesíes.

El hallazgo coincide además con la crisis por los miles de refugiados que se encuentran en barcos a la deriva en el mar huyendo de la pobreza y la persecución y que hasta la semana pasada eran rechazados por las naciones de la zona, que los devolvían al mar.

El pasado miércoles, Malasia e Indonesia acordaron acoger temporalmente a todos los bengalíes y rohingyas que se encuentran embarcados en la región, siempre que la comunidad internacional se comprometa a reubicarlos en terceros países o repatriarlos en el plazo de un año.