Fiscalía de Sao Paulo pidió detención preventiva de Lula da Silva. (Foto: EFE)
Síguenos en Facebook
El Gobierno de Dilma Rousseff incrementó hoy su presión en los tribunales y la Policía, ante el cerco que la justicia de Brasil ha tendido alrededor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, investigado por corrupción.
El abogado del Estado, José Eduardo Cardoso, anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión cautelar que la noche del viernes 18 congeló el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, lo que lo privó del fuero privilegiado y permitió que su proceso siga en una corte común.
La decisión cautelar tomada por el magistrado Gilmar Mendes acabó con sentencias sucesivas y contradictorias y supuso un golpe para Lula da Silva, que ahora podría ser procesado por el riguroso juez Sergio Moro, el principal responsable del caso de desvío de fondos y millonarias coimas en Petrobras.
En su sentencia, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente” con el propósito de “impedir” un posible arresto de Lula, puesto que la fiscalía de Sao Paulo solicitó una orden de prisión preventiva que aún no ha sido analizada por la justicia.
Esa decisión también fue un jarro de agua fría para la gestión de la presidenta Dilma Rousseff, quien albergaba la esperanza de que Lula da Silva pudiera contribuir a frenar la desbandada de partidos aliados, en un momento que se enfrenta a un posible juicio político que persigue su destitución.
De otro lado, el Gobierno y los responsables de las investigaciones de corrupción volvieron a confrontarse con el aviso, de parte del Estado, de que se retirará del caso Petrobras a los policías que actualmente están a su cargo si ocurren nuevas filtraciones a la prensa.
Esa advertencia fue proferida por el nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragao, y recibió la inmediata respuesta de la Asociación de Comisarios de Policía, que la consideró como una “interferencia” en las investigaciones.
(Fuente: EFE)
