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El presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, “necesita” abordar la crisis de seguridad que “engulle” al país por medio de medidas que respeten los derechos humanos, afirmó Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, divulgado este jueves.
“Animar a la policía a matar y colocar más sospechosos, antes de haber sido juzgados, en cárceles” con problemas de hacinamiento, “perjudicará la seguridad”, resaltó en Sao Paulo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
Vivanco se reunió esta semana con varios ministros del Gobierno de Bolsonaro, que asumió su cargo el pasado 1 de enero, para discutir sus “preocupaciones” en materia de derechos humanos, entre ellos el de Justicia y Seguridad, el exjuez Sergio Moro; de Secretaría del Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, y de Derechos Humanos, Damares Alves.
La organización resaltó en su informe que Bolsonaro, en su etapa como candidato, antes de ganar las elecciones de octubre pasado con un 55 % de los votos, prometió dar “carta blanca” a “la policía para matar sospechosos”.
Capitán de la reserva del Ejército y nostálgico de la dictadura militar (1964-1985), el presidente defiende “mano dura” para combatir el crimen y, con el objetivo de “garantizar el derecho de legítima defensa”, flexibilizó este martes por decreto la compra de armas para civiles.
Para la ONG, ese decreto “no es una respuesta seria”, por ejemplo, “a la violencia contra la mujer en Brasil”, que está “descontrolada”.
“Si Bolsonaro está realmente preocupado con la seguridad de las mujeres, él debe mejorar el apoyo legal, psicológico y otros servicios para las mismas, además de mejorar la respuesta de la policía”, apuntó Vivanco.
HRW citó también unas declaraciones del gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, del Partido Social Cristiano (PSC), en las que dijo que los agentes deben disparar a matar y sin avisar a cualquiera que porte un fusil.
Según HRW, esa práctica iría en contra de los patrones internacionales de derechos humanos que “prohíben a la policía matar deliberadamente”, en un contexto en el que “muchas” de las muertes cometidas por las autoridades son “ejecuciones extrajudiciales”.
“En vez de considerar políticas que violen los derechos humanos, el Gobierno de Bolsonaro debería adoptar reformas consistentes con las obligaciones internacionales de Brasil en derechos humanos y, en última instancia, sean más eficaces en la reducción de la criminalidad”, señaló HRW.
En este sentido, indicó que el nuevo Gobierno y el Congreso, que retomará sus trabajos a partir de febrero, “deben reforzar la capacidad de investigación de la Policía Civil para acabar con el actual clima de impunidad”.
También destacó el alto número de personas dentro de los presidios, que se estima en 840.000, 40 % de los cuales serían temporales.
Bolsonaro defiende “apilar” aún más personas en el sistema penitenciario, que según los últimos datos, supera el doble de su capacidad y con celdas que muchas veces son “insalubres, violentas y controladas por facciones”, según HRW.
Fuente: EFE