![La oficina encuentra "aumento inusual" de capital en las empresas del congresista. (Foto: facebook.com/joakinramirez.pe)](https://cdn.laprensa.e3.pe/f/i/px.gif "La oficina encuentra "aumento inusual" de capital en las empresas del congresista. (Foto: facebook.com/joakinramirez.pe)")
La oficina encuentra "aumento inusual" de capital en las empresas del congresista. (Foto: facebook.com/joakinramirez.pe)
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La bancada de Fuerza Popular (FP) rechazó la solicitud de la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe de investigar por este delito al vocero de la agrupación, Joaquín Ramírez.
Príncipe informó que pidió al Ministerio Público que indague por sospechas de movimientos económicos “extraños” al parlamentario, que se dedica a la compra y venta de terrenos y posee 19 empresas. La oficina ha investigado durante varios meses las operaciones de las entidades del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del partido fujimorista.
“Rechazo las acusaciones de la procuradora Príncipe, que dice que recibió un mail anónimo advirtiéndole (el presunto lavado de activos) de falsedades sobre mí persona. Soy un empresario que se ha hecho desde abajo, con mi familia, y voy a probar todas mis actividades. Es una maniobra que viene del Gobierno”, manifestó Ramírez.
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Según la procuradora, las empresas de Ramírez registran aumentos “inusuales” de capital, y el congresista ha adquirido inmuebles, autos, empresas inmobiliarias, grifos y equipos de fútbol. Este es el principal financista del partido. Los negocios los inició en 1998, cuando era alumno de la Universidad Alas Peruanas, de la que su tío Fidel Ramírez es propietario.
Entre 2012 y 2013, su fortuna personal creció en S/1. Millón, de acuerdo a su declaración jurada. El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, decidirá si acepta o no la investigación a Ramírez por parte de un equipo adjunto de la Procuraduría de Lavado de Activos.
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De haber indicios de irregularidades, se solicitará el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del vocero de la bancada de FP para formalizar pesquisas penales.
El parlamentario admitió que en 1998 fue condenado por el delito contra la fe pública, y en agosto el presidente de una comunidad campesina de Chepén lo denunció de falsificación de documentos, por medio de la agroindustrial San José, para apropiarse de 1.183 hectáreas de terrenos. Ramírez rechazó la acusación.
