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La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial no pudo encontrar responsabilidad delictiva al expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta por el caso de las esterilizaciones forzadas que ocurrieron entre 1990 y 2000.
El fiscal de esta instancia, Marco Guzmán Baca, solo denunciará a seis médicos de Cajamarca, región donde murió una mujer que fue esterilizada, informó El Comercio.
La decisión de archivar nuevamente esta denuncia se debe a que no se encontraron indicios de que el gobierno fujimorista tuviera intención de esterilizar de manera forzada a las mujeres pobres del país.
Una acusación a Fujimori y sus exministros necesitaría de la figura de la autoría mediata, pero este caso no cumple con el requisito de la existencia de una “estructura de poder jerárquica y rígidamente vertical” como la del Ejército.
La investigación sobre las esterilizaciones forzadas fue archivada en mayo de 2009 pero reabierta en junio de 2013 por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional hizo este pedido por el alto número de afectados y por la muerte de una mujer, Mamérita Mestanza, durante la ejecución del programa.
Ahora Guzmán solo denunciará por la muerte a dos médicos legistas y a cuatro galenos de una posta médica. A los primeros por encubrimiento real e incumplimiento de funciones y a los segundos por exposición al peligro y homicidio culposo.
El fiscal sostuvo que si bien no se incurrieron en crímenes de lesa humanidad, si hubo violación de los derechos humanos: “en algunos casos eso [las esterilizaciones] afectaba la integridad física de las mujeres y ha habido presiones sobre mujeres con muchos hijos para persuadirlas a hacerse las esterilizaciones, pero no se encontró ningún caso de que haya sido a la fuerza”, dijo a la prensa.