El caso de los abusos cometidos por Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote en la Iglesia. (EFE)
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La Corte de Apelaciones de la capital chilena condenó este miércoles al Arzobispado de Santiago a pagar una indemnización a tres víctimas de Fernando Karadima, un influyente párroco que por décadas abusó sexualmente de niños y adolescentes, por el encubrimiento de esos delitos.
Según indicaron a Efe fuentes judiciales, la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó un fallo de primera instancia de marzo del 2017 que había rechazado la demanda y determinó que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo reciban 100 millones de pesos (unos 147.000 dólares) cada uno.
Los tres presentaron en 2011 una demanda civil contra el Arzobispado de Santiago por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por Karadima, que ese mismo año fue condenado por la Justicia canónica a una vida de reclusión y penitencia.
En la denuncia inicial las tres víctimas exigían el pago de una indemnización de 450 millones de pesos (unos 660.000 dólares).
El Arzobispado de Santiago aún puede recurrir la sentencia ante la Corte Suprema, indicaron fuentes del Poder Judicial.
El caso de los abusos sexuales cometidos por Fernando Karadima es uno de los más emblemáticos en Chile por la influencia del sacerdote dentro de la Iglesia.
Desde la parroquia santiaguina de El Bosque, situada en un barrio acomodado de la capital, Karadima forjó durante años sólidos nexos con sectores de la élite política y económica del país.
La Fiscalía Nacional de Chile investiga a 219 religiosos chilenos en 158 casos de abusos sexuales contra 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad al momento de los hechos.
El pasado 20 de febrero, el obispo Fernando Ramos, representante de la Conferencia Episcopal de Chile, aseguró que el abuso sexual “causa un dolor que afecta la vida completa de las personas” y también admitió que la Iglesia ha pedido perdón “porque realmente nadie tiene que vivir esto”.
Reconoció que un delito de estas características es un hecho que marca a las personas, produce un daño enorme y “es aún más grave que el abuso sexual haya ocurrido en ambientes eclesiales, donde las personas deberían sentirse particularmente seguras”, aseveró.
EFE
