España: éxodo de firmas catalanas ante perspectiva de independencia unilateral

La perspectiva de una declaración unilateral de independencia ha impulsado el éxodo de empresas con sede en Cataluña hacia otros lugares del España, en el mismo día en el que el Ejecutivo regional catalán estableció en un 43% la supuesta tasa de participación en el referéndum secesionista ilegal.

Dos de esas compañías, son la multinacional Gas Natural, con una importante presencia internacional, y CaixaBank, el primer banco catalán y tercero de España, que el viernes anunciaron el traslado de sus domicilios sociales a Madrid y Valencia, respectivamente.

La salida de Cataluña de ambas firmas se produjo horas después de que el Consejo de Ministros español aprobara un decreto ley para agilizar el cambio de sede fiscal de las entidades que así lo deseen sin tener que ser aprobado por su junta de accionistas.

La decisión de CaixaBanK sigue a la adoptada este jueves por otra entidad financiera catalana, Banco Sabadell, quinta en España por sus activos, así como las adoptadas por empresas como Banco Mediolanum, Arquia Banca, Naturhouse, Derby Hoteles, Oryzon, Dogi, Gas Natural Fenosa, Ballenoil o Service Point, entre otras.

La caída el viernes de ambas entidades bancarias en el mercado bursátil, del 1,89 % en el caso del Sabadell, y del 0,58% en el de CaixaBank, arrastró al IBEX 35, que restó el 0,29 % al final de la jornada.

Todo esto mientras el Gobierno regional de Cataluña publicaba los datos oficiales de la consulta soberanista ilegal del pasado 1 de octubre en el que, según su recuento oficial hubo 2,044 millones de votos favorables a la secesión.

Según los datos del Gabinete catalán, el 1-O participaron en esa votación ilegal 2,286 millones de personas, lo que representaría el 43% del censo, de las que 2.044.038 votaron sí, mientras que 177.547 se decantaron por el no, otras 44.913 en blanco y 19.719 fueron votos nulos, en una jornada plagada de irregularidades electorales.

Unos resultados sin garantías ya que no han sido avalados por ninguna autoridad electoral independiente ni tampoco por órgano oficial alguno ante la inexistencia de una Junta Electoral, cuyos miembros dimitieron para evitar la multa de 12.000 euros, fijada por el Tribunal Constitucional, para imponer el cumplimiento de la suspensión de la ley del referéndum.

Dicha ley, aprobada por el Parlamento regional catalán el 6 de septiembre y suspendida por el Tribunal Constitucional, establecía que, una vez anunciados los resultados oficiales de la consulta, la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) debía de hacerse efectiva en un plazo de 48 horas.

Puesto que el fin de semana no cuenta a esos efectos, ese plazo iría hasta el 10 de octubre y el viernes mismo la Mesa del Parlamento regional, que es su órgano rector, fijó para ese día por la tarde (una comparecencia ante el pleno del presidente regional catalán, Carles Puigdemont.

Tras la reunión de la Mesa, fuentes de la coalición de gobierno Junts pel Sí (integrada por el centroderecha independentista PDeCat y la izquierda republicana ERC) aseguraron que el único punto de agenda del 10 de octubre es la comparecencia de Puigdemont.

Sin embargo la CUP, el partido secesionista antisistema que apoya a la coalición de gobierno, apuntó que ese pleno debe servir para ratificar los resultados del referéndum y *declarar la independencia.

En el plano judicial, la Fiscalía española decidió ampliar la investigación por sedición al jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluis Trapero, quien declaró en la Audiencia Nacional española como investigado (imputado) por sedición.

La imputación se circunscribía en un principio al acoso que sufrió la Guardia Civil durante un registro a la Consejería de Economía catalana para impedir el ilegal referéndum independentista.

Tras su declaración la Fiscalía decidió ampliar la investigación hasta después de la celebración del referéndum ilegal independentista, después de recibir más información de la Guardia Civil sobre los hechos ocurridos esos días.

La causa también se amplia a los presidentes de las dos asociaciones más importantes del movimiento independentista de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Ciuxart, de Omnium Cultural, así como a una intendente de la Policía catalana.

Todos salieron este viernes en libertad sin cargos, aunque Trapero podría ser de nuevo llamado a declarar el 16 de octubre.

Fuente: EFE