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De ser un discreto comerciante, el alcalde de Iguala pasó rápidamente a ostentar una inexplicable fortuna. Pero la pieza clave en la red criminal es María de los Ángeles Pineda, cuyo clan tiene largo andar en el crimen.
En 2012, cuando ganó las elecciones para presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca carecía de experiencia política. Hasta ese entonces había sido comerciante de sombreros de paja, y luego, de joyas. En 2008, antes de ser comenzar su carrera política, hizo construir en una extensión de 70 mil metros cuadrados la plaza comercial “Galerías Tamarindos”, con siete salas de cine y 50 tiendas. Hasta el momento se desconoce el origen de los fondos con los que fue financiado el proyecto.
Antes de las elecciones para la alcaldía de Iguala, Abarca hizo contacto al mismo tiempo con el Partido Revolucionario Institucional y con el Partido de la Revolución Democrática (PRD, socialdemócrata), a fin de que uno de ellos impulsara su candidatura. Finalmente consiguió el apoyo del PRD, al hacer fuertes aportaciones financieras a dicho partido.
En el marco de la campaña electoral de 2012, un blog de corta vida consultado por DW acusaba a Abarca de tener relaciones sospechosas. No se sabe quién es el autor (su supuesto perfil en Google+ no proporciona ninguna información, y la única entrada en dicho perfil es la que se refiere al propio exalcalde). Muy probablemente, el blog formó parte de la guerra de propaganda en el marco de la campaña. Pero prácticamente todos los datos que contiene han sido confirmados por las investigaciones de la Procuraduría General de la República (equivalente a una fiscalía general).
Una larga historia
Hoy, con base en testimonios de exdelincuentes detenidos, la propia dependencia reconstruye la historia de la asociación criminal que desde hace años operaba en Iguala.
Arturo Beltrán Leyva, líder del grupo criminal Los Beltrán Leyva, resultó muerto en el balneario de Cuernavaca durante un operativo para su captura, en 2009. A su muerte, el cártel se dividió en varias células, una de las cuales fue llamada Guerreros Unidos.
Para ese entonces, la familia de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de José Luis Abarca, ya tenía varios años de colaborar formalmente con el Cártel de Sinaloa y con Beltrán Leyva.
Los Pineda, como eran conocidos, controlaban para el Cártel de Sinaloa las plazas de Guerrero, y en parte, las de Morelos. Pero hay indicios de que su radio de acción iba mucho más allá. Uno de los hermanos Pineda, Salomón, es señalado como responsable de una red de distribución de cocaína que presuntamente partía de Colombia y Venezuela. Pasando por México, dicha red presuntamente se extendía hasta la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos.
La alianza con el cartel de los Beltrán Leyva tuvo sus límites. Dos de los hermanos Pineda, Alberto y Mario, fueron encontrados muertos cerca de la ciudad de México, en 2009. Se atribuye su asesinato a una venganza por parte de Arturo Beltrán Leyva.
Pacto criminal
Al llegar Abarca a la presidencia municipal de Iguala, en 2012, se estableció rápidamente una “red de complicidad en varias alcaldías”, afirman las autoridades mexicanas. Según el anónimo autor del blog Iguala Libre, había un “pacto criminal entre el cártel de los Beltrán Leyva y las policías estatal y municipal” de Iguala, que “incluía una ‘operación de limpieza’ de toda la delincuencia común” para facilitar el tráfico y distribución de drogas.
Dos años más tarde, la fiscalía mexicana corrobora que el propio líder de Guerreros Unidos “recibía del presidente municipal (Abarca) de 2 a 3 millones de pesos de manera regular”. Por lo menos 600 mil pesos mensuales —dice la fiscalía citando a ex-operadores financieros del grupo criminal que se encuentran detenidos— eran destinados al control de la policía local.
El líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, señaló a María de los Ángeles Pineda como “la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal” de Iguala, en complicidad con su esposo. Ambos siguen sin ser localizados.
Otros testigos, citados por medios mexicanos, consideran improbable que el alcalde haya dado directamente la orden para reprimir a los estudiantes. Nadie le hubiera obedecido. “Aquí –-dicen los declarantes— el que gobierna es el crimen”.
(Fuente: Deutsche Welle )
