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Un cuarto de siglo después de la salida de Augusto Pinochet del poder, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó este lunes la ley que cambia del sistema electoral binominal de la dictadura por uno proporcional.
“Hoy es un gran día para la democracia y un día feliz para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Hemos esperado un cuarto de siglo para este momento”, proclamó la mandataria al abrir la solemne ceremonia que tuvo lugar en La Moneda, el emblemático palacio escenario de la historia reciente del país.
Esta reforma se había convertido en el anhelo frustrado de los cuatro presidentes de la Concertación que se sucedieron en el poder: Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y la propia Bachelet en su primer mandato (2006-2010).
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Incluso Sebastián Piñera, único presidente que ha tenido la derecha en el último cuarto de siglo, se mostró a favor de una reforma que nunca hasta ahora logró cuajar, debido, precisamente, a que el sistema otorgaba una representación desproporcionada a los parlamentarios ultraconservadores.
“La democracia ha hecho posible derrotar aquello que la dictadura quiso hacer eterno; rompemos así con esa herencia que ahogaba la vida republicana”, enfatizó hoy Bachelet.
La ley que elimina el sistema electoral binominal y fortalece la representatividad del Congreso nacional fue aprobada a fines de enero pasado tras una larga negociación entre la coalición gobernante y sectores moderados de la oposición.
Si bien es cierto que la holgada representación parlamentaria obtenida por el oficialismo en los últimos comicios legislativos abrió las puertas a la posibilidad de derogar el sistema binominal, también lo es que numerosos legisladores de la derecha se sumaron al acuerdo, haciendo así más expedito el camino hacia la reforma electoral.
“Esta victoria no se debe a la imposición de un sector sobre otro, sino al diálogo entre distintas sensibilidades políticas”, subrayó la mandataria.
Pero la tan ansiada reforma llega en uno de los momentos más delicados en lo que a la confianza ciudadana en las instituciones se refiere, debido a los recientes escándalos financieros que han sacado a la luz una insana relación entre poder y negocios.
Esta situación no pasó desapercibida en la ceremonia de este lunes en La Moneda, como quedó de manifiesto cuando la jefa de Estado aludió en su discurso a que “la ciudadanía quiere que sus anhelos estén legítimamente representados en los más altos quehaceres del Estado”.
“Podemos comenzar ahora una nueva etapa en nuestra historia, la etapa en la que políticos y ciudadanos reconstruyamos las confianzas mutuas, que son la base de nuestra cohesión, convivencia y gobernabilidad”, aseguró Bachelet, cuya popularidad ha caído abruptamente debido a los escándalos de corrupción que sacuden a la clase política de Chile e incluso a su propia familia.
Por eso es necesario no sólo un nuevo sistema electoral, sino “también una ley clara de financiamiento de las campañas y los partidos políticos; con mayores exigencias para el ‘lobby’ y para evitar los conflictos de interés; con mayores fiscalizaciones y sanciones en casos de corrupción”, argumentó.
La reforma electoral se sustenta en una enmienda a la Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios que abre la puerta a la modificación del número de senadores y diputados y a una redistribución de los distritos y circunscripciones electorales.
De hecho, la reforma promulgada establece un aumento de los diputados de 120 a 155 y de 38 a 50 en el caso de los senadores.
Bajo el sistema binominal hasta ahora vigente se elegía a dos representantes por cada distrito o circunscripción.
Para que una lista obtuviera los dos escaños debía sumar más de 66 %, lo cual resultaba bastante improbable; sin embargo, con sólo un 33 %, la segunda lista más votada conseguía la misma representación que la primera.
Este mecanismo había permitido que la derecha controlara la mitad del Congreso con poco más de un tercio de los votos, lo que, a su vez, había venido obstaculizado la eliminación del aparato institucional chileno de ciertas ataduras heredadas de la dictadura.
Otras novedades son que ahora las exigencias para constituir partidos políticos son menores y que al menos el 40 % de las candidaturas deben ser femeninas, para aproximarse así a la paridad en la representación parlamentaria.
(Fuente: EFE)