Marcha por los derechos humanos en Asunción, 10 de diciembre 2012. (Foto: Wikimedia)
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El enfrentamiento entre campesinos y policías en la provincia de Curuguaty, el 15 de junio de 2012, que dejó un saldo de 17 muertos, entre ellos, once campesinos y seis policías, condujo al llamado “golpe de Estado parlamentario” contra el presidente Fernando Lugo, que fue recibido con rechazo por parte de la comunidad internacional e incluso provocó la suspensión del país como miembro del Mercosur.
El caso es ejemplar de la problemática social por la lucha por la tierra y de la rampante impunidad cuando se trata de la defensa de los derechos de grupos rurales marginales.
“Son tierras que representan el clásico conflicto de una apropiación ilegal por parte de un latifundista, en este caso, Blas N. Riquelme, un personaje allegado al dictador Alfredo Stroessner, que murió pocos meses después de la masacre. Tenemos documentos que prueban que una empresa inglesa cedió esa tierra al Estado, mismo que las usó durante años. Riquelme se apropió de ellas, pero los campesinos las reclamaban como propias al corresponderles por ley al ser beneficiarios de la reforma agraria”, afirma Regine Kretschmer, analista de FIAN Alemania, organización internacional que lucha por el derecho a la alimentación.
Curuguaty, donde ocurrió la masacre, se encuentra en el centro de Paraguay, una nación de más de 6,6 millones de habitantes situada en el corazón del Cono Sur. El acceso a la tierra ha sido el conflicto que ha marcado la historia del país, pese a que es un derecho consagrado en la Constitución.
“El país cuenta con la mayor proporción de campesinos de América Latina y una de las distribuciones más desiguales en el mundo. El 91 por ciento de la población rural labra solamente el 6% de la tierra, mientras que el 85,5 por ciento de la tierra está concentrada en unas cuantas manos, 2,6 por ciento de la población”, afirma Kretschmer, que es autora de un documento que analiza la situación de los campesinos en el país sudamericano.
Los sucesos de Curuguaty
Un centenar de campesinos ocuparon, en mayo de 2012, la finca Campos Morumbí, situada a unos 240 kms. al noroeste de Asunción, en litigio entre Blas N. Riquelme, expresidente del Partido Colorado y el Estado paraguayo. Después de tres semanas, el Ministerio del Interior ordenó el desalojo de la propiedad.
El caso no ha sido esclarecido aún. Fuentes policiales dijeron que los efectivos fueron emboscados cuando intentaban negociar un desalojo pacífico. Distintas fuentes aseguran que entre los campesinos se infiltraron miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo. Otras aseguran que el incidente fue un montaje con el objetivo de destituir al presidente Lugo.
Sin embargo, en el trasfondo del problema no hay duda alguna. El país cuenta con una de las cifras más altas de concentración de la tierra, lo que es un constante motivo de conflicto, por el reclamo de las organizaciones campesinas de su derecho al acceso a la tierra.
Las ocupaciones se convirtieron en una importante presión estratégica, aunque nunca se llegó a un grado elevado de violencia, porque siempre había mecanismos para evitarla, o los mismos campesinos abandonaban las tierras ocupadas para evitarla.
El segundo aniversario de la masacre coincide con la firma del presidente Horacio Cartes de una ley que devuelve tierras ancestrales a la comunidad indígena de los sawhoyamaxa, después de dos décadas de indigencia. La organización pro derechos humanos Amnistía Internacional calificó de triunfo para dicha comunidad el poder volver a sus tierras.
“Paraguay finalmente está tomando medidas concretas para restituir los derechos a la tierra a la comunidad sawhoyamaxa”, manifestó Guadalupe Marengo, directora adjunta de Amnistía Internacional para América Latina.
Conquista indígena
La ley permite al Estado expropiar más de 14.000 hectáreas de tierra al actual propietario al que pagará una indemnización. Unas 160 familias llevaban décadas reclamando sus tierras ancestrales en le región del Chaco. “Paraguay tiene una de las mejores legislaciones a nivel latinoamericano en cuanto al derecho indígena, el problema es su implementación. Hay desalojos de comunidades indígenas que, aunque tienen el derecho a su favor, no cuentan con la organización necesaria para defenderse”, afirma Kretschmer.
En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia a favor de los sawhoyomaxa, pero han transcurrido ocho años para que Paraguay tomara medidas firmes para cumplirla. “Cuanto más crece la demanda internacional por la tierra y por productos como carne, soja, caña dulce o maíz, mayor es la presión que sienten sobre la tierra los campesinos e indígenas”, advierte Kretschmer.
La activista recuerda por ello que es responsabilidad de los europeos, por la demanda de los consumidores para comprar desde teléfonos celulares, desde plásticos hasta la soja”, explica Kretschmer, aludiendo a los llamados comodines de los agronegocios que, dependiendo de la demanda internacional, se convierten en bolsas de plástico, combustibles, pienso animal o alimentos.
(Fuente: Deutsche Welle )
