Protestas por Tía María. (Foto: Andina)
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El Consejo Consultivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) afirmó este miércoles que Perú tiene un Estado débil y con reformas incompletas desde hace 25 años, que deben ser concluidas de inmediato, expresó esa entidad en un comunicado.
El Consejo explicó que la debilidad del Estado peruano se refleja en la escasa respuesta mostrada ante las manifestaciones violentas contra proyectos mineros y extorsiones a colegios ocurridas este año.
Agregó que el Estado debe fortalecerse por medio de la culminación de las reformas laborales y tributarias iniciadas en la década de los años 90, que le brindarían mayor representatividad.
“Consideramos necesario que empresarios y académicos junto con políticos elaboremos una agenda pública para apoyar el desarrollo de proyectos beneficiosos para los peruanos”, indicó el comunicado.
Otro factor que, según el Consejo, debilita al Estado es la alta informalidad que existe en Perú y que se origina por la rígida política laboral, la inadecuada política tributaria y las barreras burocráticas.
“El Estado es el causante de la informalidad económica, que llega a un 60 %, y la laboral que alcanza índices de 74 %”, aseguró César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL.
Peñaranda destacó que la adhesión de Perú al Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es una manera de comprometerse a realizar las reformas incompletas.
Entre los hechos violentos referidos por la Cámara de Comercio están las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper, que dejaron cuatro muertos y más de 200 heridos.
Los violentos disturbios llevaron al Ejecutivo a decretar en mayo el estado de emergencia en la provincia de Islay, en la región sureña de Arequipa, y Southern anunció una pausa en el proyecto minero para poder explicar mejor a la población sobre las condiciones de la operación.
Asimismo, en mayo pasado, el alcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, Juan Navarro, pidió la intervención de las Fuerzas Armadas tras informar que en los últimos meses unos 50 colegios denunciaron haber sido extorsionados por mafias.
(Fuente: EFE)
