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La vicepresidenta de Interculturalidad, Patricia Balbuena, aseguró que hasta la fecha ningún proyecto minero, gasífero o de hidrocarburos haya sido afectado por el proceso de la consulta previa desde que este se implementó en 2012.
La funcionaria recalcó que este proceso no tiene un poder de veto, sino que “se trata de un diálogo con la población indígena a la que el Estado reconoció un derecho”.
La ley de la consulta previa estipula que los pueblos indígenas u originarios deben ser consultados sobre las medidas legales, planes, programas y proyectos que afecten directamente sus derechos, sean estos físicos, de identidad, calidad de vida o desarrollo.
“Tenemos cuatro procesos de consulta previa concluidos con éxito. (…) Otros 12 procesos están en marcha”, indicó.
En diálogo con El Peruano, la funcionaria admitió que algunos proyectos enfrentan conflictos, pero estos tienen que ver con temas sociambientales. Consideró que el motivo del temor de los empresarios por este proceso, en el que no son actores, se debe a la creencia que se tomarán acuerdos y decisiones que los pueden afectar.
Sin embargo, indicó que esto es imposible, ya que los acuerdos con las comunidades nativas deben darse dentro de las competencias de las entidades promotoras (Perú-Petro en el caso de los hidrocarburos).
Indicó que en los procesos de consulta realizados “ninguna (comunidad) se opuso al desarrollo ni a la inversión”.
“Lo único que piden es participar de ella, sentirse informadas y que se respeten las zonas ancestrales”, sentenció.
Existen 52 pueblos indígenas reconocidos en la base de datos elaborada por el Ministerio de Cultura, de los cuales 48 son comunidades amazónicas y cuatro andinas.
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