(Foto: Morguefile)
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Hace exactamente un año, en Caracas, una manifestación estudiantil contra la impunidad con que actúa el hampa y la criminalización de las protestas pacíficas por parte del Gobierno venezolano fue dispersada brutalmente por las fuerzas de seguridad. La desproporcionada represión de aquel 12 de febrero dejó tres muertos y dio pie, durante meses, a concentraciones multitudinarias y tumultos donde 43 personas perdieron la vida.
Desde entonces, la caída vertiginosa de los precios del crudo, la mengua de las pocas reservas que se acumularon durante la bonanza petrolera, la dramática acentuación del desabastecimiento y nuevos casos de corrupción administrativa compiten con la inseguridad ciudadana y los excesos de la violencia estatal por el primer lugar en la lista de los problemas que afligen a los venezolanos.
El domingo pasado (8.2.2015), contribuyendo con el estallido del “caso SwissLeaks”, la red de periodismo investigativo Armando.Info reveló que Venezuela es el país que más dinero guarda en la sucursal ginebrina del banco HSBC, después de la propia Suiza y el Reino Unido. De los 14.800 millones de dólares depositados en cuentas de venezolanos, 12.000 millones fueron colocados por el Estado caribeño entre 2005 y 2007.
El presidente Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre ese caso, pese a que el asunto reaviva la discusión en torno al manejo opaco y discrecional que el estamento chavista hace del erario público. En cambio, Maduro habla con frecuencia sobre ese círculo vicioso que es la crisis venezolana, atribuyéndola a una “guerra económica” promovida por Estados Unidos en complicidad con los opositores venezolanos.
Pero, ¿qué opinan los empresarios? Ellos no sólo claman por una liberalización parcial del mercado cambiario, como la encarnada por el Sistema Marginal de Divisas (SIMADI) – que muchos consideran insuficiente para sacar al país del atolladero –, sino por reformas estructurales. DW habló con Francisco Martínez, primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras).
Las fallas no son puntuales, sino de sistema: el Gobierno le ha dado luz verde a un conjunto de leyes que se ha convertido en una camisa de fuerza para la actividad productiva y también para las empresas del Estado. Además, se han puesto en marcha fiscalizaciones de negocios, que se prestan para prácticas discrecionales porque se basan en marcos legales que presentan demasiadas imprecisiones y vacíos.
¿Se pueden eliminar esos controles en este momento sin arriesgar una masiva fuga de capitales?
Es posible que Venezuela no se encuentre en las mejores circunstancias para eliminar el control de cambio de divisas en este instante. Primero tenemos que crear las condiciones para ir migrando hacia un sistema de cambios unificado y lo más libre posible. Pero eso demanda la implementación previa de una gran disciplina fiscal y de medidas muy fuertes, muy dolorosas, en el ámbito monetario.
El gasto público, que hoy devora los ingresos nacionales, debe ser reducido; sobre todo ahora, cuando los especialistas calculan que recibiremos alrededor de 35.000 millones de dólares menos debido al colapso de los precios del petróleo. Esta situación debe llevar al Gobierno venezolano a buscar la manera de hacer un uso más eficiente de los dineros públicos para poder cumplir con las obligaciones del Estado en 2015.
Algunos de los economistas que critican duramente el modelo vigente le reprochan también a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores de Venezuela, el hecho de no exigir explícitamente el levantamiento del control de precios y del control de cambio imperantes.
Esos economistas sugieren que la propia MUD depende de esos controles para su existencia. ¿En qué medida se beneficia la MUD de esos controles? ¿No es de suponer que la oposición cohesionada presionará para levantar esos controles si obtiene una mayoría en la Asamblea Nacional en las próximas elecciones legislativas?
No tengo conocimiento de que uno u otro sector de la oposición venezolana se esté beneficiando de estos controles. Lo que sí puedo decir es que usar un sistema de control económico como herramienta política es una práctica perversa. Independientemente de la ideología de quienes lleven las riendas del país, la cúpula de un Gobierno debe tener un gran conocimiento sobre los factores que inciden sobre la realidad nacional a la hora de diseñar sus programas para diversificar la economía, atraer a inversionistas extranjeros y despertar la confianza de los mercados. Sólo eso contribuirá a aumentar la productividad de las empresas venezolanas.
(Fuente: Evan Romero-Castillo/Deutsche Welle )
