Axel Kicillof. (Foto: Wikimedia)
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Argentina quiere ahora emitir nuevos bonos con lugar de pago en Argentina para eludir las transferencias vía Nueva York y al juez norteamericano Thomas Griesa. La apuesta es arriesgada.
En el proyecto de ley que Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, enviará próximamente al Parlamento, se remueve al Bank of New York (BONY) como intermediario de pagos para los bonistas que aceptaron los canjes en 2005 y 2010.
El artículo 3 del proyecto de ley dice que “en virtud de la pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York (…) y teniendo en cuenta las facultades de remoción previstas en dicho Convenio”, Argentina designará como agente de pagos “a Nación Fideicomisos S.A”, una empresa del Banco Nación, del Estado argentino.
Se creará una cuenta especial, en la que periódicamente se depositarán los pagos correspondientes a los cupones de intereses de los bonos de canje. También se les ofrece a los bonistas la posibilidad de elegir una cuenta alternativa.
En el proyecto se abre también la posibilidad voluntaria de canje de jurisdicción de deuda. En ese caso, los bonistas recibirán títulos con idénticas condiciones de pago, pero bajo jurisdicción argentina.
Dirigido sobre todo a los “fondos buitres” se ofrece asimismo a los bonistas que no entraron en los canjes anteriores reabrir uno nuevo, en idénticas condiciones que rigieron para los canjes de 2005 y 2010. Es más, los importes que les corresponderían a los bonistas que no entraron en los canjes (si estos aceptaran las condiciones de la Argentina) serán depositados en una cuenta especial.
Argentina: sacar del medio a Griesa
Lo que desde la perspectiva argentina se ve a primera vista como una solución sencilla y viable al problema, se complica cuando comienza a analizarse los detalles. El intento de remoción unilateral del Bank of New York como agente de pago es riesgosa. En tanto pueda ser interpretado como una ayuda a la Argentina para eludir las disposiciones del juez norteamericanoThomas Griesa, este le podría imponer severas sanciones.
El nuevo plan argentino también puede ser visto a nivel internacional como prueba de que el país no tiene interés alguno ni siquiera en negociar con el juz Griesa, es decir, que rechaza la jurisdicción que la propia Argentina eligió a la hora de emitir los bonos.
¿Mayor aislamiento financiero?
Eso puede desembocar en un mayor aislamiento financiero del país en los mercados internacionales. Llama la atención, sobre todo porque el acuerdo de pago con el Club de París insinuó que Argentina estaba interesada en volver a los mercados.
Ya en junio, el juez Thomas Griesa había advertido a Argentina que un nuevo canje de deuda que deje afuera a los holdouts “violaría las disposiciones legales de la jurisdicción de Nueva York”, por lo que Argentina tiene “prohibido llevar adelante ese debt swap”.
Los bonistas que aceptaron una quita de hasta el 70% y actualmente no cobran, por disposición del juez Griesa, ni los intereses del 30% restante, tienden, sin embargo, a aceptar la nueva propuesta argentina. Tullio Zembo, abogado de los bonistas italianos, por ejemplo, ha dicho públicamente que “probablemente sea la decisión más correcta para garantizar que los acreedores puedan cobrar”. El planteamiento tiene lógica, ya que, de lo contrario, los acreedores no cobrarían nada, por lo menos por ahora.
Cobrándole a los dinosaurios
La Asociación Alemana de Defensa de los Titulares de Valores (DWS) llama a sus afiliados a “conservar la calma”.
“Inversionistas privados que poseen bonos argentinos y los canjeen ahora sufrirán grandes pérdidas, ya que deberán pagar impuestos por la diferencia entre el precio de venta y el primer precio de cotización de los nuevos bonos, ya que estos estarían considerados innovaciones financieras”, escribió Thomas Hechtfischer, director ejecutivo de DSW, en la página web de la institución.
Se estima que en Alemania hay unos 30.000 poseedores de bonos argentinos. La Corte Federal Constitucional de Alemania falló en 2007 que “un Estado puede declararse en cesasión de pagos ante otros Estados, pero no ante inversionistas privados”, por lo que dispuso que Argentina “debe pagar el cien por cien a estos últimos”. El fallo no tuvo consecuencias legales, más allá de la anécdota de que inversionistas alemanes intentaron embargar, sin éxito, una exposición argentina de dinosaurios en Alemania, para cobrarse lo que, según ellos, les correspondía.
(Fuente: Deutsche Welle )
