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Tía María: Gobierno condena violencia en Islay y llama al diálogo

El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, condenó a nombre del Gobierno los recientes actos de violencia ocurridos en la provincia arequipeña de Islay durante las protestas contra el proyecto minero Tía María y reiteró que el Ejecutivo mantiene su disposición al diálogo para resolver este conflicto.

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En más de 45 días de manifestaciones contra las actividades de la empresa minera Southern en ese lugar, dos personas han fallecido y decenas han resultado heridas producto de enfrentamientos con la Policía Nacional. Este jueves se conoció que dos agentes se encuentran en estado de coma tras ser atacados por revoltosos.

“La vía para solucionar el tema es el diálogo, no el uso de la violencia; por el contrario, debemos condenar el uso de la violencia. Como autoridades estamos obligados a frenarla”, dijo Cateriano durante una reunión con los gobernadores regionales.

Refirió que si el sector que se opone al proyecto Tía María tiene objeciones técnicas, estas tienen que ser debatidas en una mesa en la que den a conocer su punto de vista.

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“Mal le hace a la democracia rechazar el diálogo y la posibilidad de intercambiar impresiones, más aún cuando el Gobierno aceptó que la Defensoría sea el órgano intermediario que facilite el diálogo”, manifestó el primer ministro.

En ese sentido, el titular de la PCM aseguró que el compromiso del Ejecutivo es que todo proyecto de inversión “proteja a la población y respete el medio ambiente”.

“Si en el pasado hubo errores, como la intención de usar el agua del río (en el caso Tía María) hoy no, pues se desalinizará el agua de mar. Conversando nos entendemos, no mediante el uso de la violencia”, enfatizó.

ESTADO DE DERECHO

Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, consideró importante el pronunciamiento de las autoridades regionales sobre la situación de Islay, pues, apuntó, debe primar la gobernabilidad y el Estado de Derecho.

Destacó que los hechos acontecidos por las protestas contra la ejecución del referido proyecto minero ya no es un problema que concierte solo a la región Arequipa, sino también es “un problema nacional”, ya que lo sucedido puede trascender hacia otras regiones.

“Sí es importante que podamos tener una posición, un pronunciamiento como gobernadores regionales para recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad y por supuesto que prime el Estado de Derecho”, manifestó.