México: Así fue la desaparición de los estudiantes en Iguala
El alcalde de Iguala y su esposa, en complicidad con un grupo del crimen organizado, son los principales sospechosos de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México.
El fiscal federal Jesús Murillo informó que el burgomaestre José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda querían impedir que la movilización del 26 de septiembre interfiriera con un acto al que asistirían.
En esa línea, la pareja ordenó al grupo Guerreros Unidos, del que también participaba la policía municipal, que frenara a los estudiantes que venían por una carretera rumbo a Iguala, en el estado de Guerrero, tras haber tomado autobuses para recolectar dinero destinado a su escuela de magisterio.
“Fue una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula dirigidos por el grupo delincuencial señalado, con intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento que el alcalde y su esposa estaban celebrando esa noche”, precisó Murillo en rueda de prensa.
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Es así que la Procuraduría General de la República (PGR) emitió una orden de aprehensión contra el alcalde, su esposa y los jefes de las policías de Iguala y Cocula. Sin embargo, actualmente se desconoce el paradero de estas personas.
Guerreros Unidos es una de las bandas de crimen organizado en las que se dividió el antiguo cartel de los Beltrán Leyva, cuyo líder, Arturo Beltrán Leyva, murió en diciembre de 2009 en enfrentamiento con marinos. El grupo no solo se dedica al narcotráfico, sino también realiza secuestros y extorsión. Según Murillo, en Iguala decidían quiénes ingresaban a la policía.
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Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos y detenido hace una semana, confesó que los policías entregaron a los estudiantes a sus sicarios y que en principio creyeron que se trataban de integrantes de sus rivales Los Rojos. Además, aseguró que Pinera es la principal operadora del grupo delictivo.
De acuerdo a su testimonio, los sicarios se llevaron a los jóvenes en una camioneta blanca hasta un paraje donde una semana después fueron halladas varias fosas clandestinas con 30 cuerpos calcinados. Sin embargo, los primeros peritajes determinaron que estos restos no son de los estudiantes, aunque Murillo informó que faltan los resultados de las pruebas realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, reconocido por haber identificado a desaparecidos de la dictadura en su país.
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