El mercado negro de la anchoveta en el Perú
Por Jorge Grillo
Ingeniero pesquero
A pesar del declive de las pesquerías a nivel mundial, la pesca de anchoveta en el Perú se mantiene como una de las más abundantes del mundo. Solo entre el 2012 y el 2016 se desembarcó 3.5 millones de toneladas al año, según cifras oficiales del Ministerio de la Producción. La mayoría de esta pesca se usa en la producción de harina de pescado para la exportación. Solo alrededor del 2% fue pescado por la flota artesanal y de menor escala, las cuales están autorizadas exclusivamente a abastecer el consumo humano directo. Sin embargo, en la práctica se ha detectado el desvío sistemático de esta pesca para producir harina de forma ilegal.
Para empezar, las plantas de consumo humano directo (CHD) que fabrican enlatados, curados (“anchoas”) y congelados para la exportación, deja mermas y residuos, los cuales hace unas décadas no eran manejados adecuadamente, generando focos de contaminación alrededor de los centros de producción, o utilizados informalmente como insumo para alimento de animales. Desde el 2011, se autorizó que los descartes y residuos se envíen a plantas de harina residual o de reaprovechamiento con el fin de lograr la explotación integral del recurso.
Además, pueden derivar hasta el 40% de toda la anchoveta que reciben a las plantas de harina residual, este escenario se da solo de forma excepcional siempre y cuando la anchoveta no cumpla estándares de calidad, talla o el peso.
Por otro lado, cada embarcación artesanal o de menor escala puede enviar hasta un 10% de su pesca a las plantas residuales, cuando la anchoveta ya no cumple con las condiciones para la alimentación humana.
Si bien hay un amplio margen para la producción legal de harina residual, en los últimos años se han reportado actividades ilícitas en el sector del CHD vinculadas al procesamiento de harina de pescado. Así lo comprobamos en un estudio realizado en la costa norte y centro del Perú por Oceana y Redes-Sostenibilidad Pesquera, entre enero y abril del 2018, en el cual mapeamos más de 60 presuntos centros involucrados en la producción de harina ilegal a través de diversas modalidades
Esta actividad, en expansión, se realiza de manera sistemática bajo escenarios de impunidad y, por lo general, está vinculada a esquemas de corrupción y/o amenazas en diferentes niveles de autoridad. Se estima que en cada año la producción ilegal bordea las 150 mil toneladas.
En Pisco, desde hace varios años se conoce al menos una decena de centros ilegales que operan al amparo de bandas delictivas y también gracias a la dilatación de los procesos administrativos sancionadores. Se estima que la producción bajo esta modalidad alcanza un valor estimado a los 32 millones de dólares al año. Por otro lado, en Chimbote es bastante conocido el desvió de anchoveta fresca para CHD hacia las plantas de harina residual y de reaprovechamiento.
Todo ello motivado en parte por la alta demanda de harina para abastecer el crecimiento nacional acuícola y avícola, según datos oficiales del año 2016, la producción de la acuicultura continental más la acuicultura marina de langostinos alcanzó las 80 mil toneladas y la producción de carnes de aves superó los 1.5 millones de toneladas, en ambos casos con clara tendencia al alza.
Mas allá de la descripción de la situación, el estudio propone medidas para enfrentar este ilícito. Por ejemplo, fortalecer el sistema de registro, que hoy en día se basa en la declaración jurada de las propias plantas, sin ninguna verificación. Hay que evolucionar hacia un sistema de seguimiento (trazabilidad) en toda la cadena productiva, apoyado en tecnología, con puntos de verificación y mecanismos de transparencia. Además, está información no solo debe ser pública, sino también actualizada con continuidad, a la fecha solo se tiene acceso a las cifras oficiales del 2016 y en el portal web de PRODUCE se puede encontrar “cifras sujetas a reajuste” hasta octubre del 2017.
Por otro lado, es indispensable la coordinación institucional para la lucha contra los ilícitos, hablamos de un tema con varios flancos que linda con la inseguridad y corrupción, lo cual requiere la actuación coordinada de PRODUCE, los gobiernos regionales y locales, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Finalmente, hay que involucrar a instituciones y autoridades con competencias complementarias en la cadena productiva de la anchoveta como son: SANIPES, SUNAT, Ministerio de Agricultura y Riego, OEFA, entre otras. Solo así podremos salir de este esquema de ilegalidad que daña gravemente a la sostenibilidad de un recurso que, aunque es renovable, no será infinito.
Sobre el autor
Jorge Grillo es ingeniero pesquero por la Universidad Nacional Agraria La Molina, especialista en pesquerías artesanales y fundador de REDES-Sostenibilidad Pesquera, asociación sin fines de lucro que tiene por fines promover la sostenibilidad de manera integral a lo largo de las cadenas productivas pesqueras y contribuir con información técnica y científica al manejo de las pesquerías.