Solicitan levantar el secreto bancario a la esposa de Michael Urtecho
El congresista Michael Urtecho aseguró esta mañana en una conferencia de prensa que denunciará esta semana ante el Poder Judicial a los cuatro extrabajadores de su despacho en el Legislativo que lo acusan de haberles recortado parte de sus ingresos y de ocuparlos en labores que no les correspondían.
“No entiendo a todos los que dicen que fueron trabajadores ‘fantasmas’ cuando tuvieron funciones de representación. Voy a demostrar con documentos y ellos tendrán que demostrar que hubo recortes. No escondo nada (…) Una carta poder no sirve para cobrar ninguna boleta”, aseguró el parlamentario de Solidaridad Nacional (SN).
Con esto último hizo referencia a Teresa Chávez, quien el domingo denunció en Cuarto Poder que la esposa de Urtecho, Claudia Gonzales, cobraba sus ingresos –S/.1.800 cuando fue técnica y S/.4.627 como asesora– y solo le entregaba S/.800. Ella laboró en el despacho del congresista entre agosto y diciembre de 2006.
Urtecho agregó que entregará a la Comisión de Ética, grupo de trabajo que indaga sobre este caso, documentos en los que demuestra que pagó los salarios completos, CTS y liquidación a los denunciantes. “Todo está acreditado de mi parte, quienes tendrán que explicar son ellos. Es palabra contra palabra, pero yo tengo pruebas”, expresó.
En otro momento, el legislador de SN negó irregularidades en la entrega de 1.014 sillas de ruedas donadas. La denuncia periodística destaca que él solo entregó constancia de 393 de estos artículos. “Estoy pidiendo las actas entre 2008 y 2010. Todo está en actas, todo está acreditado con documentos”, añadió.
Reacciones
Al respecto, el legislador aprista Javier Velásquez Quesquén cuestionó a la Mesa Directiva del Legislativo –controlada por Gana Perú y respaldada por Perú Posible y Solidaridad– de que no intervenga pese a que la denuncia apareció hace ocho días. “Es gravísimo que no se tome en cuenta con rapidez. Tiene carácter penal y tiene que verse en la Mesa”, indicó.
A su turno, el parlamentario de Fuerza Popular Gian Carlo Vacchelli exigió una investigación veloz para aclarar la denuncia. “No quiero señalar culpables, pero solicito una indagación porque hay denuncias gravísimas”, señaló en diálogo con Canal.
En tanto, el legislador de Acción Popular–Frente Amplio Víctor Andrés García Belaunde expresó que este tipo de denuncias hace daño al Congreso con institución. “Tiene que verse en Ética ya. Debe convocarse a una reunión de urgencia y verse lo más pronto posible”, destacó en diálogo con la prensa.
El presidente del Parlamento, Fredy Otárola Otárola, sostuvo que la denuncia contra Urtecho es un tema grave y que el Legislativo está actuando con prontitud, en respuesta a lo dicho por Velásquez Quesquén. “Más que hacer afirmaciones al paso, vamos a actuar respetando el debido proceso”, añadió.
Actualización 1:29 pm
De otro lado, el el titular de la Comisión de Ética, Humberto Lay, informó que el grupo de trabajo que preside citará el lunes a las cuatro personas que denunciaron a Urtecho.
“Entiendo que la Mesa Directiva está solicitando información. Vemos la parte ética y, según el reglamento, si encontramos indiciones de delito, que parece ser el caso, pasamos el tema a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, dijo Lay.
(Actualización 7:25 pm)
La Asociación Regional de Ciegos de La Libertad declaró a Urtecho “persona no grata”, argumentando que están “cansados de ser utilizados con fines políticos y provecho personal”.
Alberto Flores, vicepresidente de la institución, indicó que el legislador les regaló en 2009 una computadora para el servicio de 120 personas con discapacidad, “pero la máquina solo funcionó seis meses”.
(Actualización martes 24 de septiembre, 11:53 am)
El Ministerio Público solicitó el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil de Claudia Gonzales, esposa de Urtecho, desde enero de 2011 hasta la fecha. Además, pidió información a centrales de riesgo y a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) sobre el registro migratorio del legislador.
Ello luego de que el fiscal de la Nación, José Peláez, abriera una investigación por enriquecimiento ilícito contra el parlamentario de SN. El argumento de la fiscalía es que existen “elementos razonables” de balance patrimonial, debido a la compra de un edifico valorizado en US$1 millón 300 mil en Trujillo, informó el diario Perú21.