Traslado de terroristas pone en peligro a la población, advierte defensor del Pueblo
La orden de trasladar a los cabecillas terroristas Víctor Polay, Miguel Rincón, Óscar Ramírez y Peter Cárdenas de la Base Naval a un penal común fue cuestionada por el defensor del Pueblo, Eduardo Vega.
La Quinta Sala Penal dictaminó que la disposición se cumpla en un plazo de 30 días, ante lo que el jefe Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Pérez Guadalupe, solicitó al Tribunal Constitucional que deje sin efecto la medida.
Vega observó que no se ha evaluado el impacto del mandato en la seguridad de la población ni de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Asimismo, consideró que no existe en el país una prisión con capacidad de recibir a internos de alto riesgo.
“Este análisis es fundamental porque no debemos perder de vista que se trata de delincuentes terroristas que no han abjurado de sus convicciones y que, por tanto, no pueden ser rehabilitados. Además, grupos terroristas como Sendero Luminoso, al que pertenece el terrorista Oscar Ramírez, aún se encuentran en actividad y representan un riesgo concreto para la seguridad de todos”, resaltó.
En defensor del Pueblo respaldó la decisión Pérez Guadalupe de recurrir al Tribunal Constitucional para que este anule la sentencia del Poder Judicial.
A su turno, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, declaró a El Comercio que está en “total desacuerdo” con la decisión de la sala. “Como presidente del Poder Judicial, no me parece bien la medida y espero que se rectifique. Mendoza agregó que felizmente existen instrumentos para controvertir esa decisión que, me parece está mal tomada”, declaró.