La tortura es aún un problema “endémico” en Latinoamérica, según relator ONU
Juan E. Méndez, relator especial de la ONU para la Tortura, realizó recientemente una visita de trabajo a México, a fin de analizar qué tan graves son los tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por corporaciones encargadas de la seguridad en ese país. Desde Washington, habló con DW acerca de la tortura en México y los desafíos de los derechos humanos en toda América Latina.
Deutsche Welle: ¿Cómo surge la invitación para que usted vaya a México a evaluar la situación de la tortura en ese país?
Juan E. Méndez: México es uno de los países que, como miembros del Consejo de Derechos Humanos, han extendido invitaciones a todos los relatores de procedimientos especiales. Antes de mi viaje había recibido al Relator para Ejecuciones Sumarias, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y al Relator para la Libertad de Expresión. Así que México tiene un excelente récord en el sentido de invitar a los relatores especiales. En mi caso, además de invitarme, yo pedí que se adelantara la visita y ellos estuvieron de acuerdo, lo cual dice mucho sobre la apertura que tienen a estos procedimientos.
En su evaluación general de la situación, usted habló de “tortura generalizada” en México. ¿Por qué especialmente este término?
Lo elegí con mucho cuidado, porque no quiero decir que la tortura sea sistemática, ni que sea una política de Estado. Más bien creo que es una especie de situación endémica, que el Estado obviamente tiene obligación de corregir. Pero no quise decir de ninguna manera que es una conducta dictada desde las más altas esferas del Estado. Creo que es más bien una especie de práctica permanente, y dije que es generalizada porque tuvimos testimonios de todo tipo de personas que han sido víctimas, y también de que las víctimas han sido torturadas por distintos cuerpos de investigación y de detención: policías municipales, policías estatales, la Policía Federal, el ejército, la marina. Inclusive los llamados policías ministeriales, que son investigadores de delito por el Ministerio Público. En todos los casos, la práctica es muy parecida: golpes, algunos muy serios, uso de chicharra o electricidad, o una especie de water-boarding, o asfixia húmeda. También el “submarino seco”, con una bolsa en la cabeza. Pero también es cierto que en casi todos los casos esto ocurre en las primeras 10, 18 ó 24 horas de la detención, mientras ésta es más o menos clandestina. Una vez que las personas son puestas a disposición de la Justicia, es raro que las vuelvan a torturar. No hay ninguna corporación que torture más que otra. Tampoco hay una corporación que se salve de esta metodología. En casi todos los casos los métodos de tortura son más o menos iguales.
¿Por qué torturan estas autoridades en México? ¿Es por cumplir órdenes? ¿Por falta de capacitación? ¿Porque hay espacios de impunidad?
El tercer factor es el más importante: la impunidad. Yo no creo que obedezcan órdenes. No creo que nadie les diga “vayan y torturen”. Pero se usa la tortura de obtener confesiones y “resolver” casos mediante una coerción bastante brutal. Pero aún sin firmar confesiones, porque algunos se resisten, quieren saber otros detalles: dónde están las armas, dónde están las drogas, quiénes son sus cómplices. Es posible que durante la campaña contra el crimen organizado que tuvo sus puntos más altos hace un par de años, la tortura haya sido todavía un poco más generalizada de lo que es ahora. Las denuncias han bajado de número, pero no esta claro que la práctica se haya eliminado, de ninguna manera.
¿Hay algún grupo especial de la población mexicana que sufra casos de tortura, como los indígenas, los inmigrantes, o grupos políticos opositores?
Yo diría que en general los pobres. Por supuesto, cuanto más vulnerable es el grupo humano, más grave es la tortura y menos defensas hay contra ella. Los migrantes son más bien víctimas de grupos delincuenciales, no tanto de la policía migratoria. En general, las detenciones migratorias no son tan brutales como las que mencioné antes. Los crímenes graves son el 90 por ciento de lo que se persigue en México hoy, en cualquier estado, en cualquier ciudad y en cualquier región. Cuanto estos están relacionados con el crimen organizado, hay una tendencia a que sea un poco más brutal la coerción.
México cuenta con un sistema robusto de protección a los derechos humanos, con una comisión nacional y decenas de organismos estatales dedicados a vigilar tanto al gobierno federal como a los gobiernos regionales y locales. ¿Son eficientes estos organismos, dado que no se ha podido erradicar el fenómeno de la tortura en México?
Creo que son bastante eficientes en general. Pero hay que recordar que esta especie de ombudsman tanto federal como estatales en realidad protegen todos los derechos de la persona humana, desde los derechos económicos y sociales hasta los derechos de libertad de expresión y de asamblea. La protección contra la tortura es una de las muchas cosas que tienen que hacer, y aunque tienen importantes recursos, realmente no están en condiciones de resolver todos los problemas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado algunas veces muy elocuentemente, pero ni ella ni las comisiones estatales pueden producir informes vinculantes; dirigen sus recomendaciones a ciertas autoridades (policiales, o el Ministerio Público, o militares incluso) y esas autoridades no tienen obligación de cumplir.
Usted vivió en carne propia los abusos a los derechos humanos por parte de la dictadura militar en Argentina. Con esta referencia, ¿cuáles diría usted que son los principales desafíos de América Latina, en general, en cuanto al respeto a los derechos humanos?
Afortunadamente, no hay dictaduras militares en América Latina hoy en día. No hay tortura dirigida al enemigo político y, salvo en el caso de Colombia, donde todavía hay una insurgencia, tampoco hay tortura dirigida a miembros de las fuerzas insurgentes. Pero de todas maneras, no hay que tener complacencia, porque a pesar de que tenemos 25 años de democracia en América Latina, la tortura endémica no está erradicada. Es importante llamar la atención a los gobiernos democráticos, porque precisamente su condición de democráticos hace que deban prestar especial atención a romper el ciclo de impunidad para la tortura “de baja intensidad”, por llamarla de alguna manera, y que ocurre lamentablemente en toda América Latina hoy.
Tenemos que insistir en que la tortura es inmoral bajo cualquier circunstancia y por supuesto, ilegal tanto en derecho interno como en derecho internacional. También tenemos que demostrar que es ineficiente. Realmente no sirve ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo para combatir el crimen. Lo único que hace la tortura es reproducir las condiciones que hacen que la criminalidad aumente.
Juan E. Méndez se dedica desde hace décadas a la defensa de los derechos humanos. Durante la dictadura militar en Argentina, en los años setenta, sufrió detención y torturas. En el exilio colaboró durante 15 años con la ONG Human Rights Watch, de la cual fue Consejero General. También colaboró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fue presidente de la Comisión de DD.HH. de la Organización de Estados Americanos. Desde noviembre de 2010 es Relator Especial de la ONU para la Tortura. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales por su labor. Además, ha impartido cátedra en Oxford y otras universidades.
(Fuente: Deutsche Welle )
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