• Actualidad
• Mundo

Río de Janeiro, una ciudad controlada por la violencia

Río de Janeiro, antaño la ‘Cidade Maravilhosa’, estrena 2017 con una severa crisis económica y otra, aún más grave, de seguridad: una media de unos catorce muertos al día en circunstancias violentas, un herido de bala cada ocho horas y un arma incautada por hora.

Solo en las tres primeras semanas del año han muerto 16 policías en el estado de Río de Janeiro y se han registrado una media de 18 tiroteos diarios.

En la última década 31 niños han muerto por balas perdidas, 18 de ellos desde 2014.

La pequeña Sofía Braga, de 2 años, es la última víctima. Recibió un disparo el pasado fin de semana mientras jugaba en el parque infantil de un restaurante de la zona norte de la ciudad.

Según estimaciones oficiales, entre enero y noviembre del pasado año se registraron 4.158 asesinatos al mes, unos 14 por día, casi un 20 por ciento más que en el anterior ejercicio.

Los datos son escalofriantes y dejan en evidencia el fracaso de las políticas puestas en marcha por las sucesivas administraciones estatales y la necesidad de buscar alternativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

‘Fuego Cruzado’, una aplicación lanzada por Amnistía Internacional en julio de 2016 que permite a los cariocas avisar a sus vecinos en tiempo real de los tiroteos y los asaltos para que eviten las zonas peligrosas, es precisamente resultado de la crisis de seguridad en Río de Janeiro.

Con más de 50.000 descargas, desde su creación se notificaron 2.517 avisos de tiroteos que dejaron 539 muertos y 570 heridos.

Apenas cuatro de los más importantes hospitales de Río informaron el pasado año del ingreso de 1.133 personas heridas de bala, más del doble que el anterior ejercicio, cuando se registraron 720 casos.

La proliferación y la falta de control sobre las armas es otro de los grandes problemas: En los últimos diez años, la policía se incautó de más de 83.000 armas que, en su mayoría estaban en manos de las bandas de narcotráfico que con frecuencia controlan las favelas de Río pese al programa de pacificación impulsado hace ocho años para estos asentamientos.

Los expertos advierten del llamativo aumento de las armas de alto calibre, en especial fusiles, incautadas: De 214 hace una década a 371 el año pasado, lo que supone un aumento del 72 %.

CASI UNA GUERRA

El volumen de armas en circulación es precisamente uno de los motivos del aumento de la violencia, según Amnistía Internacional.

“Un alto número de armas en circulación, conflictos entre grupos criminales, operaciones policiales que utilizan la lógica del enfrentamiento o el tráfico de drogas son factores que pueden explicar el alto índice de violencia armada”, denunció AI esta semana en un comunicado.

“La frecuencia de tiroteos en Río de Janeiro es chocante. Los seis primeros meses de Fuego Cruzado revelan la escalada de la violencia armada en la ciudad”, opina Renata Neder, asesora de derechos humanos de Amnistía Internacional.

Para el presidente de la ONG Rio de Paz, Antonio Carlos Costa, “estamos viviendo en un contexto de guerra de drogas”.

“Río de Janeiro es una ciudad que vive en ese clima, tomada por munición y armas, extendidas por toda la región metropolitana”, denunció en declaraciones a Efe.

Los expertos piden una reflexión sobre las medidas a adoptar y los fallos de las iniciativas puestas en marcha, como la Unidades de Policía Pacificadora (UPP) instaladas en las favelas.

“Llama la atención que en áreas ‘pacificadas’ como el Complexo de Penha o el de Alemão, haya 29 muertos – 4 de ellos policías – y 56 heridos – 25 policías -. Estas áreas deberían ser un ejemplo de seguridad pública (…) El proyecto de las UPP no demuestra ser aire nuevo para acabar con los abusos”, denuncia la investigadora y directora de Fuego Cruzado, Cecília Olliveira.

“Esto expone de forma acentuada un modelo igual al enfrentamiento, que causa pérdidas irreparables para los residentes”, agrega.

Entretanto, el secretario de Seguridad Pública de Río, Roberto Sá, defiende mayores castigos para el uso y venta de armas y apuesta por doblar las penas actuales, que van de tres a seis años.

Una solución, cuanto menos, parcial ante la monumental crisis de seguridad que sacude a Río de Janeiro.

(Fuente: EFE)