Justicia peruana impuso más de 13.000 condenas por corrupción durante 2015
El Poder Judicial del Perú impuso 13.307 condenas por delitos de corrupción contra la administración pública entre el 1 de enero y el 16 de diciembre de 2015, anunció hoy la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.
Alrededor de un tercio de las condenas por corrupción impuestas en el país durante el pasado año corresponden a delitos de cohecho en sus distintas modalidades, con 4.272 sentencias condenatorias.
[Cifra récord: gobierno ejecutó 82% del presupuesto de inversión pública en 2015]
Le siguen la colusión (asociación para defraudar al Estado) con 3.791 condenas, la malversación de fondos públicos con 2.745 condenas, el peculado (apropiación indebida de caudales públicos) con 2.658, y la concusión (contribuciones reclamadas indebidamente por funcionarios a cambio de ejercer sus funciones) con 959.
El Poder Judicial destacó la condena impuesta al exjuez del 38 Juzgado Penal de Lima Wilbert Sánchez Vera de tres años y ocho meses de prisión efectiva por prevaricación.
Resaltó además la prisión preventiva por nueve meses dictada contra la fiscal Danitza Carrasco, acusada de solicitar un soborno de S/.20.000 (unos US$5.800) para favorecer a una investigada en el distrito de Tambogrande, dentro de la región norteña de Piura.
AUTORIDADES CONDENADAS
Entre las autoridades electas en comicios, el Poder Judicial condenó a cinco años de cárcel efectiva al suspendido gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, por negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
Otra sentencia destacada fue la condena de nueve años de prisión efectiva al exalcalde del municipio cusqueño de Echarate Elio Pro Herrera, por colusión y negociación incompatible.
Durante 2015 también se amplió por 18 meses la prisión preventiva contra el expresidente regional de Áncash César Álvarez, acusado por los presuntos delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir.
El exalcalde del distrito andino de Taraco Andrés Miliano fue condenado, por su parte, a diecinueve años de prisión por los delitos de peculado doloso agravado y contra la fe pública.
(Fuente: EFE)
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