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Ley Universitaria: Si centros de estudios no cierran, puede que algunas de sus carreras sí

El ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó que en una primera etapa tras la implementación de la nueva Ley Universitaria se trabajará con las 53 universidades que tienen autorizaciones provisionales, aunque no precisó los plazos que tendrán estas instituciones para adecuarse porque eso será determinado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Asimismo, señaló que si los centros de estudios no cumplen con las disposiciones en su totalidad no necesariamente tendrán que cerrar, pero sí sus carreras que no satisfagan los estándares requeridos por la norma.

“En la primera etapa se trabajará con las universidades que tienen autorizaciones provisionales. Lo ideal es que las universidades se adecúen. La intención no es cerrarlas”, indicó al tiempo de sostener que los plazos “tienen que ser cosas realistas. Si se pide planes curriculares, será rápido, pero si no tiene infraestructura se le pedirá un año”.

El congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso y promotor de la nueva Ley Universitaria, informó hace unos días que unas 40 universidades saldrían del mercado con la norma, pero el titular de Educación mesuró los ánimos al señalar que “si se aplicaba a rajatabla sí, pero no vamos a hacer algo así”.

“Los estándares se aplicarán de manera realista. Si no se cumple en el plazo establecido se tendría que cerrar una carrera, no toda la universidad, y se tendrá mecanismos de traspaso de sus estudiantes”, explicó.

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Saavedra comunicó que la ley será promulgada en los próximos días y será implementada en un plazo de seis meses.

“Hay varias cosas que hacer luego de la aprobación de la ley. Se tiene que crear un reglamento de operación y funciones de la Sunedu; hay un trabajo con la Asociación Nacional de Rectores (ANR) para saber cuáles son las funciones que pasan a la Sunedu, al ministerio. Luego el establecimiento de los estándares básicos de calidad e indicadores para el licenciamiento. Ese proceso va a requerir una serie de reglamentaciones”, indicó.

Sobre la oposición de la ANR, que anunció una “batalle legal” con la presentación de acciones de amparo de 68 universidades contra la nueva Ley Universitaria, el ministro de Educación expresó que a pesar de estos recursos legales, “no debería haber problema” porque al momento de trabajar la norma se realizó un análisis de constitucionalidad por parte del Ministerio de Justicia.

“Nunca ha habido una reforma universitaria en la que todas las universidades han estado de acuerdo, eso es imposible. Es natural que se den estas reacciones a una ley que busca cambiar las cosas”, refirió, añadiendo que el Gobierno establecerá lazos con las universidades que quieran avanzar “en un proceso de mejora de calidad”.

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En defensa de la Sunedu, cuya creación representa el mayor cuestionamiento de parte de las universidades, descartó que pueda ser usada como instrumento política porque la “ley tiene unos candados”.

Según explicó, si bien el consejo directivo de la Sunedu tendrá dos representantes del Ejecutivo, siendo uno de ellos el superintendente nombrado por el Ministerio de Educación, los otros cinco miembros serán elegidos por concurso público, siendo la mayoría del ámbito universitario.

“Las decisiones críticas de la superintendencia, que se refieren a otorgar licencias a una carrera o suspender su funcionamiento, las toma ese colectivo, las siete personas, de las cuales el superintendente es un voto de los siete. El superintendente no es todopoderoso. Solo dos votos son del Ejecutivo”, agregó.

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Finalmente, comentó que pronto habrá una nueva ley para los institutos tecnológicos.

“Ese mercado estaba sobrerregulado, y debe ser eficaz y moderno”, sentenció.