México: ¿por qué la Ley de Seguridad descuida derechos humanos?
La ONU-DH y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamaron hoy al Senado a no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior, e instaron a abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México.
Ambos organismos “hacen un llamado urgente al Estado mexicano para que, atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior”, indicaron las dos instituciones en un boletín conjunto.
Por ello, tanto la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) como la CNDH pidieron no aprobar esta ley, que hoy se somete a consideración de las comisiones dictaminadoras de la Cámara alta.
“Y en su lugar, abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas”, señalaron.
Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley originalmente planteado, “el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México”, destacaron.
Además, la “vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes” y las eventuales modificaciones no implicarían “cambios sustantivos”.
Las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados”.
Por todo ello, la CNDH y la ONU-DH consideraron que no existen las “condiciones propicias” para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que termina el próximo viernes en México.
Los senadores deben decidir si aprueban o no el proyecto de Ley de Seguridad Interior, que el 30 de noviembre consiguió pasar en la Cámara de Diputados con 215 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.
Esta iniciativa, que establece los parámetros para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ha sido muy criticada por la clase política y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
EFE